21 de abril de 2026
RIO NEGRO
Techo Digno: un exintendente de Río Colorado quedó en condiciones de ir a juicio
La Justicia provincial cerró la etapa de control de acusación y avanzó hacia el debate oral contra el exjefe comunal Carlos Alberto Pilotti. Está imputado por supuestas maniobras irregulares en fondos del programa de vivienda social y por presunto desvío de dinero público
La causa judicial que investiga el manejo de fondos destinados a viviendas sociales en Río Colorado ingresó en una etapa decisiva. Este mediodía concluyó la audiencia de control de acusación contra el exintendente Carlos Alberto Pilotti y la Justicia quedó en condiciones de fijar la fecha del juicio, donde se analizarán las presuntas irregularidades detectadas en el marco del programa federal Techo Digno.
La decisión fue adoptada por el juez que intervino en la audiencia, quien dio por válidos los acuerdos probatorios alcanzados entre la fiscalía y la defensa. Además, ordenó avanzar con la apertura del proceso ante un Tribunal Colegiado, en función de la gravedad de los delitos atribuidos y de la expectativa de pena planteada por el Ministerio Público Fiscal.
Pilotti llegará a juicio acusado por los delitos de defraudación a la administración pública y peculado. Según la hipótesis fiscal, durante su gestión municipal se habrían producido maniobras que generaron un perjuicio económico al Estado a partir del uso indebido de recursos enviados por Nación para la construcción de viviendas e infraestructura urbana.
Uno de los expedientes centrales se vincula con un convenio firmado en 2013 para ejecutar 104 viviendas junto con redes de agua y cloacas. La acusación sostiene que, en ese marco, se habrían certificado avances superiores a los realmente ejecutados, lo que habría beneficiado de manera irregular a la empresa adjudicataria. El presunto daño patrimonial, actualizado a valores recientes, supera los 19 millones de pesos.
En paralelo, la fiscalía también atribuye al exintendente la sustracción de fondos que debían permanecer afectados exclusivamente a la obra pública. En ese tramo de la investigación, se menciona el retiro de sumas depositadas en cuentas específicas del programa y su apartamiento de los controles administrativos previstos. Ese monto, recalculado, asciende a más de 34 millones de pesos.
Otro eje del caso se relaciona con un segundo acuerdo firmado en 2015 para la construcción de 80 viviendas e infraestructura complementaria. Allí también se detectaron, según la acusación, pagos sin respaldo técnico suficiente, certificaciones cuestionadas y desembolsos que no guardarían relación con el avance real de las obras.
Para este tramo del expediente, la fiscalía calculó un perjuicio económico superior a los 160 millones de pesos a valores actualizados. Además, se investigan movimientos bancarios, emisión de cheques y transferencias cuyo destino no estaría vinculado con el objeto del convenio original.
En esta parte de la causa también aparece mencionado el ingeniero Longino Pacífico De Dios, aunque su situación procesal quedó momentáneamente separada luego de presentar documentación médica. Por esa razón, la audiencia avanzó únicamente respecto del exintendente.
Durante el juicio declararán funcionarios municipales, peritos contables, especialistas forenses y otros testigos incorporados por las partes. También se exhibirá abundante documentación bancaria, administrativa y técnica que buscará respaldar o refutar la hipótesis acusatoria.