21 de abril de 2026
NEUQUEN
Un desalojo fallido a comunidades Mapuches revivió el conflicto por tierras
El operativo no logró concretarse en un predio cercano a Villa La Angostura y derivó en cruces entre la parte demandante y el Gobierno provincial, que defendió el cumplimiento de los protocolos y negó irregularidades en la actuación policial
Un intento de desalojo en un predio cercano a Villa La Angostura terminó sin ejecución efectiva y abrió un nuevo capítulo de tensión entre las partes involucradas en un conflicto territorial que lleva años en disputa.
El procedimiento estaba previsto para fines de marzo, pero al momento de su implementación no se concretó en los términos esperados. La representación legal de la parte demandante sostuvo que no se dispuso del acompañamiento policial necesario para avanzar con la medida judicial, lo que derivó en su frustración.
El conflicto se desarrolla en un predio de aproximadamente 600 hectáreas ubicado en la zona de El Pedregoso, a unos 20 kilómetros del casco urbano de Villa La Angostura, con acceso a sectores de bosque, cursos de agua y costa sobre el lago Nahuel Huapi. Allí conviven reclamos cruzados entre una familia que reclama la propiedad del terreno y comunidades mapuches que sostienen una ocupación histórica del lugar.
El caso tiene antecedentes judiciales de larga data, con fallos en distintas instancias que ordenaron la restitución del inmueble a sus titulares. Sin embargo, la ejecución de esas decisiones se ha visto postergada en reiteradas oportunidades, generando una situación de conflicto sostenido en el tiempo.
Tras el operativo fallido, la parte denunciante cuestionó la actuación policial y señaló demoras o falta de recursos para llevar adelante la orden judicial. Incluso se mencionaron dificultades operativas vinculadas a la disponibilidad de efectivos en la zona al momento del procedimiento.
Desde el Gobierno provincial se desestimó la idea de una falta de acompañamiento deliberada y se explicó que el procedimiento no se concretó porque no estaban cumplidos todos los pasos establecidos en el protocolo vigente para este tipo de intervenciones. Según esa postura, la normativa exige la intervención coordinada de distintos organismos antes de avanzar con un desalojo, especialmente cuando puede haber personas en situación de vulnerabilidad.
El esquema operativo contempla la participación de áreas sociales, sanitarias y de seguridad, además de la coordinación judicial previa para garantizar condiciones de ejecución seguras. En ese marco, se indicó que la intervención policial se ajustó a la evaluación de esas condiciones y a los procedimientos establecidos.
En paralelo, la defensa de las comunidades sostiene que la medida fue irregular y que existe reconocimiento de la ocupación ancestral del territorio, además de cuestionamientos al avance del proceso judicial. También plantean la posibilidad de una solución negociada con la parte demandante.