20 de marzo de 2026
RIO NEGRO
Techo Digno: la Fiscalía pidió condenar a la exintendenta Martini por fraude y peculado
En los alegatos finales, el Ministerio Público sostuvo que la exjefa comunal de Bariloche incurrió en un esquema sistemático de sobrecertificación de obras y uso indebido de fondos. La defensa rechazó los cargos y pidió la absolución
El juicio por las presuntas irregularidades en el programa de viviendas Techo Digno en Bariloche entró en su etapa decisiva con un pedido contundente de la Fiscalía: que se declare la responsabilidad penal de la exintendenta María Eugenia Martini y del exfuncionario Alfredo Milano por delitos contra la administración pública.
Durante los alegatos de clausura, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que ambos formaron parte de una maniobra que combinó decisiones a nivel nacional con una ejecución irregular en el ámbito local. Según la acusación, ese esquema permitió el manejo de fondos millonarios destinados a la construcción de viviendas sociales sin los controles mínimos ni la correspondiente verificación del avance de obra.
El eje de la imputación apunta a que, mientras desde Nación se liberaban recursos sin exigencias técnicas suficientes, en el municipio de Bariloche se certificaban avances de obra que no se correspondían con la realidad. Para la Fiscalía, no se trató de errores administrativos sino de un patrón sistemático repetido en múltiples licitaciones.
En ese sentido, los fiscales remarcaron que se llegó a pagar más del 80% de los contratos sin que existieran avances concretos en los terrenos donde debían levantarse las viviendas. La acusación describió un escenario en el que, pese a los desembolsos, no había indicios materiales de construcción, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra deliberada.
El rol de Martini fue planteado como central dentro de ese esquema. La Fiscalía la señaló como autora de los delitos de defraudación contra la administración pública y peculado, al considerar que, por su posición jerárquica, no podía desconocer la falta de correspondencia entre los certificados y el estado real de las obras.
En paralelo, se ubicó a Milano como una pieza técnica clave en el circuito. Según la acusación, su intervención como inspector de obra habría sido determinante para validar certificaciones infladas que habilitaron pagos indebidos a las empresas contratistas.
Uno de los puntos más sensibles del alegato estuvo vinculado al destino de los fondos. La Fiscalía sostuvo que parte del dinero, que tenía asignación específica para viviendas, fue utilizado para cubrir gastos corrientes del municipio e incluso colocado en instrumentos financieros, lo que encuadraría en el delito de peculado.
Desde la defensa de Martini rechazaron de plano esa interpretación. Argumentaron que no existió apropiación indebida, ya que los recursos siempre permanecieron dentro del circuito estatal, y que su utilización respondió a una situación de emergencia financiera para garantizar el pago de salarios. También cuestionaron que se configure el delito de peculado en ese contexto.
Además, plantearon que la entonces intendenta no tenía responsabilidad directa en el control técnico de las obras y que los pagos se realizaron sobre la base de certificaciones emitidas por las áreas correspondientes. En esa línea, también mencionaron intervenciones previas de órganos de control que, según su postura, no habrían determinado responsabilidades administrativas.
La defensa de Milano, por su parte, también solicitó la absolución y apuntó contra la solidez de la acusación fiscal, especialmente en lo referido a la existencia de un perjuicio patrimonial concreto.
El caso, que pone bajo la lupa el manejo de fondos destinados a sectores vulnerables, quedó ahora en manos del tribunal, que deberá resolver si existió una maniobra delictiva o si se trató de decisiones de gestión en un contexto de crisis. La sentencia fue anunciada para el 30 de marzo y marcará un cierre clave en una causa que lleva años en investigación.