La fiscal de Trelew se presentó ante el Ministerio Público Fiscal para quedar a disposición de la Justicia tras la viralización de un video donde el abogado Martín Castro recibe $12 millones presuntamente para gestionar una reducción de pena

Escándalo Judicial: Gamarra negó haber recibido dinero y pidió que investiguen el video que la involucra

La fiscal general Julieta Gamarra se presentó este jueves ante el Ministerio Público Fiscal de Trelew para ponerse a disposición de la Justicia luego de la viralización de un video que generó un fuerte escándalo en el ámbito judicial. La funcionaria negó de manera categórica haber recibido dinero o haber solicitado pagos para favorecer a un imputado y pidió que se investigue el material difundido en redes sociales.

La fiscal, que integra la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública, realizó la presentación ante el fiscal jefe de Trelew, Omar Rodríguez, invocando el derecho de vindicación, un mecanismo previsto para que funcionarios públicos sospechados en un hecho irregular se sometan voluntariamente a investigación.

El caso se desató tras la difusión de un video en el que se observa al abogado defensor Martín Castro recibiendo unos 12 millones de pesos de parte de una mujer. El pago estaría vinculado a la gestión de un acuerdo de juicio abreviado que permitiría reducir la pena de un condenado.

Gamarra explicó que en las imágenes se ve al defensor recibiendo dinero de la madre de Pablo Ezequiel Ferreyra, un imputado en una causa que ella investigó. Sin embargo, sostuvo que la situación fue presentada de manera que pareciera que el dinero estaba destinado a la fiscalía. “Obviamente, niego categóricamente haber recibido cualquier tipo de dinero o haber pedido dinero para realizar un juicio abreviado”, afirmó ante la prensa.

La funcionaria explicó que el juicio abreviado al que se hace referencia en el video fue efectivamente aplicado en la causa contra Ferreyra, aunque aclaró que se trató de un procedimiento legal previsto por la normativa vigente. Según detalló, el acuerdo implicó una condena de un año de prisión de cumplimiento efectivo, una pena que consideró elevada en relación con el mínimo previsto para el delito, que era de seis meses.

Para despejar dudas sobre su actuación, Gamarra informó que dejó a disposición de la Justicia su teléfono personal, en el que asegura que constan todas las comunicaciones mantenidas con el abogado Martín Castro durante la investigación. Según relató, el defensor asumió la representación del imputado aproximadamente un mes después de su detención, ocurrida el 6 de enero de 2025, y a partir de entonces comenzaron a intercambiar información sobre el avance de la causa.

“En mi teléfono tengo todas las comunicaciones con el doctor Castro. Incluso muchas veces me pedía información porque decía que todavía no había podido acceder al expediente”, explicó la fiscal, quien aseguró no tener inconvenientes en que se revisen sus conversaciones.

Además de poner su teléfono a disposición, Gamarra solicitó formalmente que se cite a declarar tanto al abogado Martín Castro como a la madre del imputado, quien aparece entregando el dinero en la grabación. Según sostuvo, ambos podrían aclarar las circunstancias en las que se produjo la entrega del dinero.

La fiscal también planteó una hipótesis sobre lo ocurrido. Según su interpretación, el defensor podría haber solicitado a la familia del imputado un monto superior al correspondiente a sus honorarios y habría utilizado su nombre para justificar el pedido. “Creo que Martín Castro pidió más dinero del que le correspondía por honorarios y dijo que era para mí. Él tendrá que explicar qué pasó realmente”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el abogado “tendrá que decir la verdad” sobre lo sucedido, ya que en el video se menciona su nombre como parte de la supuesta negociación. “Está involucrando a una magistrada diciendo que yo acepté dinero, lo cual es mentira”, enfatizó.

Otro elemento que llamó la atención de la fiscal es el momento en que el video comenzó a circular públicamente. Según explicó, la grabación habría sido realizada hace aproximadamente un año, ya que las comunicaciones con el defensor comenzaron en febrero de 2025 y el acuerdo de juicio abreviado se concretó el 8 de mayo de ese mismo año.

“Es muy extraño que esto aparezca casi diez meses después”, afirmó Gamarra, aunque evitó vincular directamente la difusión del material con algún hecho puntual o conflicto institucional. No obstante, reconoció que el impacto del video afecta tanto su situación personal como la imagen del Ministerio Público Fiscal.

La funcionaria también sostuvo que la grabación podría haber sido editada, aunque admitió que no descarta que la escena haya sido filmada por los propios involucrados como una forma de registrar la entrega del dinero. “No tengo dudas de que el video puede haber sido filmado. A veces los familiares de un imputado graban para asegurarse de que pagaron”, explicó.

Finalmente, Gamarra confirmó que continuará al frente de la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública mientras avance la investigación, aunque admitió que evaluará la posibilidad de solicitar una licencia debido al impacto personal y profesional que generó el episodio.

El caso quedó ahora bajo análisis del fiscal Omar Rodríguez, quien deberá determinar la autenticidad del video, el contexto en el que fue grabado y si existió algún tipo de irregularidad o delito vinculado con la supuesta entrega de dinero.

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