4 de marzo de 2026
RIO NEGRO
La propuesta de EDERSA para aumentar la tarifa eléctrica cosechó un fuerte rechazo
Durante la audiencia pública virtual, entidades empresarias y de productores, legisladores y hasta la Defensora del Pueblo provincial advirtieron que la suba del 45% que propuso la distribuidora es “impagable” para muchos usuarios y no se condice con la calidad del servicio
En la audiencia pública realizada el viernes para revisar la tarifa del servicio eléctrico en Río Negro, en manos de EDERSA, consechó un fuerte rechazo de parte de vecinos, cámaras empresarias y federaciones de productores, legisladores y hasta de la Defensora de Pueblo provincial.
En un encuentro virtual, convocado por el Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE) La presentación de la empresa estuvo a cargo del director gerente comercial de Edersa, Fernando Salice, quien reiteró la solicitud de incrementar la tarifa de aproximadamente 45% para el próximo quinquenio.
También puso el foco en el costo de la energía mayorista y la quita de subsidios nacionales. “Las facturas de Edersa vienen más caras, pero ese dinero no va a Edersa, se va a Buenos Aires”, aseguró. En ese marco, defendió la necesidad de actualizar el Valor Agregado de Distribución (VAD), de lo contrario, se resiente la calidad del servicio.
La Defensoría del Pueblo provincial rechazó de plano el pedido de la distribuidora. La Defensora Adriana Santagati expuso ante el ente regulador y advirtió sobre el impacto social del pedido, la falta de correlación con la capacidad de pago de los usuarios y cambios en la estructura del Valor Agregado de Distribución.
Santagati sostuvo que “el incremento del 45,9% en la tarifa media general, solicitado por la empresa, no presenta correlación suficiente con la eficiencia del servicio y la evolución de los ingresos de los usuarios”. Más tarde, explicó que la Defensoría realizó un análisis “pormenorizado” y rechazó el aumento al entender que incluía componentes que trasladaron riesgos empresariales al usuario.
“Advertimos sobre ciertos aspectos que implican una transferencia de riesgos empresarios al usuario. Por lo cual nosotros hemos rechazado este aumento solicitado”, indicó. Y explicó el primer eje de objeción: “La distribuidora pide un aumento promedio del 46% y cuando nosotros lo cotejamos con las variables económicas que tienen que ver con el aumento de salarios o en el caso de las jubilaciones, vemos que hay un desacople. Es decir, no hay una relación con la capacidad de pago de los usuarios”.
La Defensora también se detuvo en la composición de la factura y en el componente sobre el que se discutió en la revisión: la generación, el transporte, el valor agregado de distribución (VAD) y los impuestos. En ese marco, explicó que el VAD representó entre “un 25 y un 35% del valor de la factura” y que tradicionalmente incluyó un componente fijo y otro variable, asociado al consumo. Sin embargo, afirmó que la distribuidora propuso para el próximo quinquenio un “VAD desenergizado” que concentró el 100% del Valor Agregado de Distribución en el cargo fijo.
Santagati describió que, de esta manera “todo pasa al cargo fijo. Es decir, va a haber un valor único. Con lo cual, si yo gasto más, voy a seguir pagando lo mismo. Y si ahorro energía, también voy a seguir pagando lo mismo”. En ese sentido, sostuvo que la modificación cambió “las reglas de juego” y dejó a los usuarios sin incentivos vinculados al ahorro energético. Además, advirtió sobre un posible impacto regresivo: “En el caso de los usuarios residenciales de menor consumo, al cambiar estas reglas de juego, podrían estar pagando un valor mayor que el de menor consumo. Entonces, se rompe el principio de que quien más usa, más paga. Y esto es regresivo”.
En la misma línea, el defensor del Usuario, Guillermo Zeug, sostuvo que, tras recorrer distintas localidades de la provincia, en todos los sectores relevados existe una “disociación estructural entre la factura abonada y la calidad del servicio efectivamente prestado”, caracterizado por cortes frecuentes, demoras en la reposición, baja tensión y fallas que afectan a productores y comercios.
Por su parte, Miguel Edgardo Grasso, en representación de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC), impugnó la realización de la audiencia y denunció que fue convocada con escasa antelación y en coincidencia con una sesión legislativa, lo que -según planteó- limitó la participación institucional. Agregó que la propuesta de Edersa “carece de contenido comprobable”, denunció la falta de campañas de medición obligatorias y sostuvo que el aumento real del VAD supera el porcentaje informado por la empresa.
Desde la Cámara de Comercio, Industria y Producción del Valle Medio, Mariano Katz rechazó el aumento solicitado y advirtió que la tarifa eléctrica se convirtió en un obstáculo para el desarrollo productivo y comercial.
También se oyó el rechazo de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados. “Es una pena que existiendo una mesa de energía que creó el Epre por resolución, no nos hayan convocado antes el mismo Edersa o Epre a entrar en contacto con la propuesta y hacer un análisis debido de ella”, sostuvo el referente Miguel Sabbadini.