La Tecla Patagonia
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Un grupo de vecinos de San Martín de los Andes solicitó la suspensión preventiva e inmediata de una obra privada por presuntas irregularidades ambientales y riesgos estructurales para viviendas linderas. El pedido fue presentado ante el Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante y la Defensoría del Pueblo.
La nota refiere a un proyecto de alojamiento turístico ubicado en la intersección de Coronel Díaz y Rudecindo Roca, cuya obra de remoción de macizo rocoso se reinició el 13 de febrero sin notificación previa a los vecinos, ni constancia visible de autorización formal vigente.
Según el escrito, el emprendimiento cuenta con antecedentes de infracciones durante 2025, que derivaron en multas y paralización de tareas. Luego, la autoridad de aplicación exigió estudios adicionales al considerar la obra de alto impacto ambiental, con un estándar de control reforzado.
Los vecinos advierten que no se cumplió con la presentación del Plan de Monitoreo exigido en el expediente. Aun así, señalan que se emitió una Evaluación de Impacto Ambiental con calificación máxima y sin observaciones, lo que consideran llamativo frente a los requisitos pendientes.
Durante las jornadas del 13 y 14 de febrero, las tareas con martillo hidráulico habrían generado vibraciones intensas, fisuras en muros y estructuras, y daños en techos de algunas viviendas cercanas. También remarcan que no se instalaron instrumentos para medir vibraciones, lo que impide verificar parámetros de seguridad.
El documento sostiene que no hubo presencia de inspectores municipales ni de la autoridad ambiental durante la etapa crítica de remoción, lo que, a criterio de los firmantes, vulnera el derecho al acceso a la información y a la participación ambiental previstos en la Ley General del Ambiente.
Ante este escenario, los vecinos consideran que la continuidad de la obra implica un riesgo inminente para las personas, la propiedad privada y el ambiente, y cuestionan la falta de fiscalización efectiva y de monitoreo en el lugar.
Entre los pedidos concretos figuran la suspensión inmediata de las tareas, una auditoría técnica independiente con evaluación geológica y estructural de las viviendas cercanas, la presentación de un Plan de Monitoreo integral y la remisión de actas de inspección municipales desde febrero de 2025.
También solicitan revisar el proceso técnico y legal que derivó en la Declaración de Factibilidad Ambiental y analizar una eventual caducidad del permiso ante incumplimientos reiterados. Finalmente, dejaron asentado que se reservan el derecho de iniciar acciones administrativas y judiciales por daño ambiental y estructural si no hay una respuesta urgente.