13 de enero de 2026
FUERTES CRITICAS
El Ejecutivo santacruceño estalló contra el TSJ por el autoaumento de sus vocales
El gobernador Claudio Vidal calificó la decisión como “un acto de burla y falta de respeto a la sociedad”, mientras que funcionarios del Gobierno advirtieron sobre el impacto previsional y cuestionaron la desconexión de la cúpula judicial con la realidad económica de la Provincia

El Gobierno de Santa Cruz expresó un duro malestar frente al aumento salarial que se otorgaron de manera unilateral los vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), una decisión que llevará los haberes de la cúpula judicial a unos 24 millones de pesos mensuales. Las críticas llegaron desde el propio gobernador Claudio Vidal y se profundizaron con cuestionamientos de funcionarios clave del Ejecutivo provincial.
A través de redes sociales, Vidal fue categórico al repudiar el incremento y afirmó que se trata de “un acto de burla y una falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz”. El mandatario provincial fue más allá y puso en tela de juicio la legitimidad y la idoneidad de quienes integran el máximo órgano del Poder Judicial, al señalar que “durante 30 años fueron cómplices del saqueo y hoy están atrincherados en privilegios”.
“Eso no es Justicia. Es encubrimiento del pasado y bloqueo del futuro”, sostuvo Vidal, marcando una posición política que expone la tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en un contexto de fuerte ajuste económico y reclamos sociales por la situación salarial y previsional en la provincia.
Las críticas también alcanzaron al impacto que la decisión tendrá sobre el sistema previsional. El presidente de la Caja de Previsión Social (CPS), Pablo Pérez, advirtió que el esquema de aumentos automáticos aprobado por el TSJ profundiza el desfinanciamiento del sistema y compromete su sustentabilidad. En declaraciones radiales explicó que el aumento del 3 y 4 por ciento mensual previsto entre enero y octubre de 2026 equivale, en términos reales, a un haber mínimo previsional por mes para cada integrante de la cúpula judicial.
Pérez precisó que el haber mínimo jubilatorio en Santa Cruz se ubica actualmente en 774 mil pesos y subrayó que el incremento acumulado ronda el 42 por ciento, más del doble de las proyecciones inflacionarias para 2026. “De enero a octubre, este aumento representa diez haberes mínimos previsionales. Es una irresponsabilidad institucional”, afirmó, al remarcar que el sistema previsional es solidario y se sostiene con los aportes de los trabajadores activos.
El titular de la CPS sostuvo además que la discusión no pasa por la independencia del Poder Judicial, sino por el modo en que se ejerce. “La autarquía no puede usarse para desentenderse de las consecuencias previsionales de las decisiones que se toman”, planteó, y recordó que existen magistrados próximos a jubilarse, lo que agravará aún más el impacto financiero en el mediano plazo.
En la misma línea se expresó la ministra secretaria general de la Gobernación, Soledad Boggio, quien utilizó términos aún más duros para describir la situación. “Parece que no solo estamos en diferentes poderes del Estado sino también en diferentes planetas”, afirmó, y ironizó: “En algunos planetas donde se cobran sueldos de 24 millones de pesos al mes”.
Boggio cuestionó que los miembros de la cúpula judicial, responsables de administrar justicia y garantizar derechos, hayan perdido contacto con la realidad social y económica que atraviesa la provincia. “¿A quién se le ocurre semejante incremento de salarios? Parece que no miran a su alrededor o hay un total desconocimiento de la situación que vive la gente todos los días”, sostuvo.
Finalmente, la funcionaria planteó una reflexión más amplia sobre la relación entre salarios, productividad y calidad institucional. Señaló que estos niveles de ingresos no solo están desconectados de la realidad local, sino incluso de los estándares internacionales, y cuestionó si esos sueldos guardan relación con el servicio de justicia que se presta en Santa Cruz. El conflicto deja expuesta una fuerte disputa política e institucional que promete escalar en el debate público en las próximas semanas.