29 de noviembre de 2025
NEUQUEN
Andacollo: avanza la causa por fraude y el intendente pidió calma mientras la Justicia define los próximos pasos
El intendente pidió calma tras la imputación de cuatro personas, entre las cuales se encuentran funcionarios locales, por un presunto fraude de unos 128 millones de pesos y remarcó que la denuncia busca resguardar los recursos del municipio
La investigación por presuntas maniobras fraudulentas contra la Municipalidad de Andacollo sumó nuevo capítulo judicial, luego de que la Fiscalía imputara a cuatro personas por una serie de hechos que habrían provocado un perjuicio estimado en alrededor de 128 millones de pesos. La jueza de garantías rechazó el pedido de prisión preventiva para dos de los acusados, pero dispuso embargos y restricciones mientras continúa el proceso.
El caso, que sacudió a la pequeña comunidad del norte neuquino, involucra a dos funcionarios municipales —ya separados de sus cargos— y a dos comerciantes vinculados al corralón Ceferino, a través del cual se habrían articulado las maniobras investigadas. La denuncia que dio inicio al expediente fue presentada por el propio intendente, Manuel San Martín.
Según expusieron el fiscal jefe Fernando Fuentes y el fiscal del caso Víctor Salgado durante la audiencia, los hechos habrían ocurrido entre junio y octubre de este año, mediante un esquema que incluía la certificación de horas máquina inexistentes, la facturación de trabajos ya ejecutados por personal municipal y la utilización de horas que debían ser gratuitas para el municipio por tratarse de donaciones de maquinaria. La fiscalía también imputó la extracción irregular de áridos de la cantera municipal, material que luego habría sido comercializado por el corralón involucrado.
Los acusados son Eduardo Argentino Zenteno, secretario de Servicios, Redes y Espacios Verdes; Carlos Daniel Leiva, director de Redes; y los comerciantes administradores del corralón. La jueza tuvo por formulados los cargos, pero descartó el pedido de prisión preventiva. Sin embargo, autorizó medidas patrimoniales: ordenó el embargo de cuentas bancarias de los funcionarios y fijó que los comerciantes depositen 130 millones de pesos como caución en una cuenta judicial.
La fiscalía había argumentado riesgo de fuga y de entorpecimiento del proceso, señalando la solvencia económica y los vínculos sociales de los imputados, además de múltiples viajes al exterior por parte de uno de ellos. La magistrada solo avaló restricciones de comunicación entre tres de los acusados, el intendente y un grupo de empleados municipales, por un plazo de tres meses. En el caso de Leiva, no advirtió riesgos procesales y no impuso medidas adicionales. Tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella del municipio solicitaron revisión de la decisión.
Mientras la causa avanza, el intendente San Martín publicó una carta abierta dirigida a la comunidad. Allí pidió evitar especulaciones y respetar la presunción de inocencia, destacando que la denuncia presentada por el Ejecutivo fue “la única forma posible de defender los recursos de los vecinos”. El jefe comunal remarcó que el progreso de la investigación “confirma que actuamos como correspondía” y llamó a transitar la situación con prudencia para evitar tensiones en una localidad pequeña, donde las repercusiones personales y sociales del caso son inmediatas.
San Martín también sostuvo que la gestión continúa funcionando con normalidad y reafirmó su compromiso con la transparencia y el uso responsable de los fondos públicos. Señaló que el objetivo es que cada peso recuperado vuelva a destinarse a obras y servicios, y cerró con un mensaje orientado a la unidad del pueblo ante un hecho que generó conmoción institucional.