15 de octubre de 2025
SANTA CRUZ
El TSJ quedó partido en dos facciones y se podría nacionalizar el conflicto
Mientras los cuatro vocales originales desconocen la ampliación del tribunal y ratifican a Reneé Fernández como presidenta piden la revisión de la situación a organismos federales, la nueva mayoría insiste en la validez de la ley y mantiene a Daniel Mariani al frente. En paralelo, avanza en la Legislatura el juicio político contra el vocal Fernando Basanta
La crisis institucional en el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz volvió a alcanzar niveles críticos cuando las dos facciones judiciales consolidaron posiciones irreconciliables, generando un escenario de doble autoridad donde ambas partes se atribuyen la legitimidad para dirigir el máximo tribunal provincial. Los cuatro vocales originales ratificaron mediante una extensa resolución a Reneé Fernández como presidenta y ordenaron a Daniel Mariani "cesar de forma inmediata" en sus funciones, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial.
La resolución, firmada por Fernández, Paula Ludueña, Fernando Basanta y con la licencia de Alicia Mercau, constituye la respuesta contundente del sector que no reconoce la validez de la Ley 3949 que amplió el tribunal de cinco a nueve miembros. El documento argumenta que Mariani persiste en "una conducta de desconocimiento de las decisiones mayoritarias de este Tribunal" y destaca especialmente su "flagrante incumplimiento" de la medida cautelar que suspendió los efectos de la ley de ampliación.
Los vocales originales fundamentan su posición en que la composición efectiva del tribunal sigue siendo de cinco miembros, ya que consideran que los cargos creados por la ley "no han sido legalmente ocupados" tras la decisión mayoritaria de no ratificar los juramentos de los nuevos vocales. Esta interpretación se basa en precedentes históricos del propio TSJ, específicamente en la transición generada por la Ley 2404 de 1995, donde el tribunal continuó funcionando con su integración preexistente hasta la efectiva incorporación de los nuevos magistrados.
En un movimiento que nacionaliza el conflicto, la resolución ordena comunicar la situación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Ministerio de Justicia de la Nación y a la Junta Federal de Cortes, reconociendo que "la cuestión adquiere una dimensión nacional" al afectar los pilares del sistema federal. Esta medida busca presionar institucionalmente ante lo que califican como "una conducta incompatible" por parte de Mariani.
Paralelamente, en la Legislatura provincial avanza el proceso de juicio político contra el vocal Fernando Basanta, acusado de haber asumido su cargo en 2022 sin cumplir con el requisito constitucional de contar con al menos seis años de ejercicio en la abogacía. Los diputados conformaron una Comisión de Instrucción que evaluará las pruebas presentadas por el abogado Sergio Macagno, quien aportó documentación que demostraría que Basanta recibió su título de abogado recién en septiembre de 2015 y que no ejerció el tiempo suficiente la profesión debido a que ocupaba un cargo ministerial en el gabinete de Alicia Kirchner.
El trámite contra Basanta contrasta con el archivamiento del pedido de juicio político contra Reneé Fernández, cuya causa de desestimación se mantiene en reserva por el carácter secreto de la sesión legislativa. Esta diferencia en el tratamiento evidencia las complejas tensiones políticas que rodean ambos casos y la cuidadosa estrategia del oficialismo en el manejo de los procesos de destitución.
La crisis judicial santacruceña configura así un escenario de triple confrontación: entre las dos facciones del TSJ que se disputan la presidencia, entre el Poder Judicial y el Legislativo por la validez de la ampliación, y al interior de la propia Legislatura respecto de cómo procesar las acusaciones contra los magistrados. Con ambas partes judiciales firmemente atrincheradas en sus posiciones y el conflicto escalando a instancias nacionales, la solución institucional parece cada vez más distante, mientras la ciudadanía asiste a una crisis de representación sin precedentes en la historia judicial provincial.