4 de junio de 2026
RIO NEGRO
Imputaron al intendente de Campo Grande por irregularidades en una millonaria compra de tierras
La Justicia provincial abrió una investigación contra el intendente Daniel Hernández, exfuncionarios municipales y una particular por una presunta defraudación vinculada a la adquisición de terrenos destinados a una escuela en San Isidro. La Fiscalía sostiene que la operación habría generado un perjuicio económico de hasta 137 mil dólares
Este jueves, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra el intendente Daniel Hernández, otros tres exfuncionarios municipales y una mujer particular por una presunta maniobra de defraudación contra la administración pública relacionada con la compra de terrenos destinados a la construcción de la Escuela Primaria Nº 300 en la localidad de San Isidro.
La audiencia se desarrolló en el Foro Penal de Cipolletti y marcó el inicio formal de una causa que había comenzado tras una denuncia presentada por integrantes del propio Concejo Deliberante, quienes advirtieron posibles irregularidades en una operación inmobiliaria realizada durante 2024.
Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, la adquisición de los terrenos se habría concretado mediante un procedimiento que vulneró distintos requisitos administrativos y legales. Los investigadores sostienen que el Municipio desembolsó 204 millones de pesos por un conjunto de lotes cuyo valor real sería considerablemente inferior, generando un presunto perjuicio económico para las finanzas comunales.
El fiscal jefe encargado de la acusación describió una maniobra que habría comenzado en septiembre de 2024. De acuerdo con esa reconstrucción, las autoridades municipales avanzaron en la compra de 14 lotes que serían destinados a levantar el futuro edificio escolar. Sin embargo, la operación habría estado plagada de irregularidades desde su origen.
Uno de los puntos centrales de la investigación apunta a la situación dominial de las tierras. La mujer imputada habría vendido los terrenos al Municipio pese a no contar con la titularidad registral de los mismos, ya que únicamente disponía de un boleto de compraventa. Además, la Fiscalía sostiene que el predio fue ofrecido como si se tratara de 14 parcelas independientes cuando, en realidad, figuraba registralmente como una única unidad inmobiliaria.
A ello se suman cuestionamientos sobre la forma en que se concretó la adquisición. Según la acusación, la compra nunca fue sometida al tratamiento formal del Concejo Deliberante, como exigiría la Carta Orgánica Municipal. Tampoco habría existido una declaración de utilidad pública, ni tasaciones previas que permitieran establecer el valor real del inmueble antes de comprometer fondos públicos.
Los investigadores consideran que la operación pudo haber beneficiado económicamente a la vendedora mediante una sobrevaluación del terreno. La sospecha es que la mujer habría tenido un rol activo en los reclamos comunitarios para exigir la construcción de una nueva escuela y luego habría ofrecido al Municipio un predio propio o bajo su control para satisfacer esa demanda social.
Las diferencias entre el precio pagado y las valuaciones incorporadas a la causa son uno de los aspectos más sensibles del expediente. De acuerdo con los cálculos expuestos por el Ministerio Público Fiscal, el terreno tendría un valor aproximado de 28 mil dólares si se lo considera como una única parcela. Incluso tomando el criterio de subdividirlo en 14 lotes, la valuación ascendería a unos 96.400 dólares. Frente a ello, el Municipio desembolsó una suma equivalente a más de 165 mil dólares al tipo de cambio de aquel momento.
Por esa razón, la Fiscalía estimó que el perjuicio económico podría oscilar entre los 68 mil y los 137 mil dólares, dependiendo del criterio de valoración que finalmente adopten los peritos y la Justicia durante la investigación.
Durante la audiencia, las defensas rechazaron de manera categórica las acusaciones. Tanto los abogados particulares como la Defensa Pública sostuvieron que no existió ninguna maniobra fraudulenta y cuestionaron la existencia de pruebas suficientes para sostener los cargos. También argumentaron que algunos de los imputados carecían de facultades directas sobre la administración de los recursos económicos municipales.
Pese a esos planteos, el juez de Garantías consideró que la Fiscalía presentó elementos suficientes para avanzar con la investigación penal y resolvió tener por formulados los cargos. De esa manera, habilitó la apertura de la etapa preparatoria, que se extenderá durante los próximos cuatro meses.
En ese período, los investigadores buscarán profundizar la recolección de pruebas, analizar documentación administrativa, realizar pericias sobre el valor real de los terrenos y determinar las responsabilidades individuales de cada uno de los acusados.