5 de mayo de 2026
ADORNIGATE
Cascada, jacuzzi y US$245 mil en efectivo: las excentricidades de la casa de Adorni
La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni escaló tras la declaración de un contratista que detalló pagos en efectivo y reformas millonarias. La diputada Marcela Pagano pidió su detención por supuesto intento de manipular pruebas y condicionar a un testigo central.
La investigación judicial contra Manuel Adorni sumó un capítulo de alto voltaje político tras el pedido de detención impulsado por la diputada Marcela Pagano, quien lo acusa de haber presionado a un testigo clave en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La solicitud fue presentada ante el juez Ariel Lijo luego de que el contratista Matías Tabar declarara sobre las reformas realizadas en una propiedad vinculada al funcionario. Según Pagano, existe riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación.
En declaraciones públicas, la legisladora sostuvo que el entorno de Adorni habría contactado previamente a Tabar antes de su testimonio, con el objetivo de influir en su declaración. “Hubo un intento de apretar a un testigo”, afirmó, al tiempo que denunció la posible eliminación de pruebas.
De acuerdo con la presentación judicial, se habrían borrado mensajes de WhatsApp y ofrecido “ayuda legal” al contratista a cambio de eliminar evidencia de su teléfono celular, lo que constituiría una maniobra directa de interferencia en la causa.
Pagano argumentó que el cargo jerárquico de Adorni le otorga una capacidad superior de influencia sobre organismos públicos y sobre el desarrollo del expediente, lo que justificaría medidas excepcionales para garantizar la transparencia del proceso.
El pedido de detención se apoya en la llamada doctrina Irurzun, un criterio que habilita la prisión preventiva cuando existen riesgos de obstrucción derivados del poder residual de los imputados. En este caso, la diputada planteó su aplicación agravada, ya que el funcionario se encuentra en ejercicio.
Como alternativa, solicitó medidas restrictivas como la prohibición de contacto con testigos, retención del pasaporte, caución económica y preservación de comunicaciones, en caso de que no se haga lugar a la detención.
El eje de la causa gira en torno al testimonio de Tabar, considerado clave para acreditar las presuntas irregularidades patrimoniales del jefe de Gabinete. Su declaración aportó detalles sobre pagos, obras y documentación incorporada al expediente.
Ante el fiscal Gerardo Pollicita, el contratista aseguró haber recibido unos 245.000 dólares en efectivo por trabajos de remodelación en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.
Según su relato, los pagos se realizaron “en mano” y sin emisión de facturas, lo que refuerza las sospechas sobre la trazabilidad de los fondos utilizados para financiar las obras.
La propiedad investigada figura a nombre de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, y habría sido adquirida por un valor cercano a los 120.000 dólares, una cifra sensiblemente inferior al monto que luego se destinó a su remodelación.
Entre las obras detalladas por Tabar se incluyen intervenciones de alto costo, como la construcción de una cascada ornamental valuada en 3.500 dólares, climatización de la piscina por casi 10.000 dólares y la remodelación del área de parrilla por más de 13.000 dólares.
También se registraron gastos significativos en aberturas (33.000 dólares), cocina (20.000 dólares), instalaciones eléctricas, parquización y sistemas de calefacción, además de la incorporación de jacuzzi y mejoras en el salón de usos múltiples.
El conjunto de erogaciones, junto con la modalidad de pago en efectivo, quedó respaldado por documentación, imágenes, videos y el teléfono celular del contratista, material que ahora será analizado por la fiscalía.
Con estos elementos, la causa entra en una etapa decisiva, donde la posible obstrucción de la justicia se vuelve un factor central y podría derivar en medidas judiciales de alto impacto político sobre uno de los principales funcionarios del Gobierno.