4 de mayo de 2026
LA PURGA
Avanza la depuración en el Estado rionegrino: nuevas cesantías y sanciones por faltas graves
El Gobierno Provincial dispuso 6 despidos y 33 suspensiones sin goce de haberes tras sumarios por abandono de tareas, maltrato y uso indebido de recursos públicos. La medida se inscribe en un proceso más amplio de ordenamiento administrativo que ya acumula más de 1.200 expedientes desde 2024
El Gobierno de Río Negro volvió a avanzar con medidas disciplinarias dentro de la administración pública, en una línea de acción que busca reforzar los controles internos y ordenar el funcionamiento del Estado. En las últimas horas, se confirmaron nuevas sanciones que incluyen seis cesantías, 33 suspensiones sin goce de haberes y tres apercibimientos, todas derivadas de investigaciones administrativas concluidas.
Las decisiones se tomaron tras recientes reuniones de la Junta de Disciplina, organismo que evalúa los sumarios y define las sanciones en función de la gravedad de cada caso. Según se indicó oficialmente, se trata de resoluciones firmes vinculadas a incumplimientos considerados severos dentro de distintas áreas del Estado provincial.
Los casos que derivaron en despidos están mayormente asociados al abandono de servicio, una de las faltas más graves dentro del régimen administrativo. Se detectaron situaciones en las que agentes dejaron de asistir a sus puestos de trabajo durante períodos prolongados sin justificación, incluso tras haber sido intimados formalmente a retomar sus funciones.
Sin embargo, no se trata únicamente de inasistencias. Parte de las sanciones también alcanza conductas que impactan directamente en la calidad de los servicios públicos. Entre los antecedentes analizados figuran irregularidades en hospitales, donde la ausencia de personal afectó la asignación de turnos y la atención de pacientes, así como episodios de maltrato hacia compañeros y usuarios del sistema.
En ese marco, también se aplicaron suspensiones por el uso indebido de bienes del Estado y por comportamientos incompatibles con la función pública, como presentarse a trabajar en estado de ebriedad o incurrir en situaciones de acoso laboral. Desde el Ejecutivo remarcan que este tipo de conductas no solo vulneran normas internas, sino que deterioran la confianza en las instituciones.
El proceso disciplinario, explicaron, sigue un esquema progresivo: la acumulación de sanciones puede derivar en la cesantía, conforme lo establece el estatuto del empleado público. Cada caso es analizado a través de sumarios administrativos que garantizan el derecho a defensa y la evaluación de pruebas antes de definir una resolución.
La mayor parte de las sanciones se concentra en el área de Salud, un sector con alta dotación de personal y donde el impacto de las irregularidades suele ser más visible. No obstante, también se registraron medidas en otros organismos como áreas sociales, de vivienda y de administración central, lo que refleja un control extendido a toda la estructura estatal.
Desde el inicio de la actual gestión, el Ejecutivo provincial impulsó un proceso de revisión de expedientes disciplinarios que permanecían demorados. Ese trabajo permitió avanzar sobre más de 1.200 casos, con un saldo que incluye decenas de cesantías, suspensiones y también sobreseimientos en situaciones donde no se comprobaron irregularidades.
En el Gobierno sostienen que la política apunta a consolidar un Estado más eficiente, donde se jerarquice el empleo público y se garantice el cumplimiento de las funciones. En ese sentido, consideran que el fortalecimiento de los mecanismos de control no solo corrige desvíos, sino que también respalda a la mayoría de los trabajadores que cumplen con sus tareas.