1 de abril de 2026
NEUQUEN
Planes sociales: el intento de frenar el reloj judicial fracasó y el proceso sigue su curso
El juez desestimó el pedido del Ministerio Público Fiscal para suspender el cómputo de los tiempos del proceso, pese a las advertencias sobre un posible vencimiento en 2026. La decisión mantiene el ritmo del expediente en un caso complejo con múltiples imputados y condenas ya dictadas
La causa por estafas con planes sociales en Neuquén volvió a tensionar el frente judicial tras el rechazo del juez de garantías Luis Giorgetti al planteo del Ministerio Público Fiscal, que había solicitado suspender los plazos procesales ante el riesgo de que el expediente supere los tiempos legales antes de su resolución definitiva.
El pedido fue presentado durante una audiencia de control de la investigación por el fiscal Juan Narvaez, con el acompañamiento de la Fiscalía de Estado a través de Gustavo Kohon. Según expusieron, la complejidad del caso y la agenda judicial —con una audiencia de impugnación prevista recién para fines de julio— generan un período prolongado sin actividad que podría comprometer el cumplimiento del plazo máximo del proceso, fijado para noviembre de 2026.
Desde la acusación se argumentó que el expediente, iniciado en 2022 y declarado como causa compleja, demandó un volumen significativo de pruebas, incluyendo pericias contables e informáticas, además de la participación de numerosos imputados. En ese marco, sostuvieron que los plazos procesales resultan insuficientes frente a la magnitud del caso y que las demoras responden a cuestiones operativas del sistema judicial, no a la inacción de las partes.
Sin embargo, las defensas se opusieron al planteo al considerar que no existe base legal para una suspensión preventiva de los plazos en estas condiciones. También señalaron que el planteo resulta prematuro, ya que el eventual vencimiento aún no se produjo, y que cualquier discusión sobre ese punto debería darse llegado el momento.
Al resolver, Giorgetti coincidió con ese criterio y sostuvo que la solicitud carece de sustento normativo. Indicó que las herramientas legales invocadas por la fiscalía refieren a situaciones distintas, como prórrogas o reposiciones de plazos ya vencidos, y no a una suspensión anticipada como la requerida. Además, remarcó que no corresponde anticipar escenarios hipotéticos sobre el vencimiento del proceso.
El magistrado también advirtió que una decisión en ese sentido podría impactar sobre las garantías de los imputados, en particular de aquellos que cumplen medidas restrictivas como la prisión domiciliaria, ya que implicaría una paralización del avance del expediente. Con esos argumentos, resolvió rechazar el pedido y mantener el curso normal del proceso.
El caso ya tuvo avances significativos en diciembre pasado, cuando un tribunal dictó condenas contra doce personas por maniobras de estafa desarrolladas entre 2020 y 2022. Entre los condenados se encuentran los exfuncionarios Abel Di Luca, Tomás Siengentharler y Ricardo Soiza, quienes recibieron penas de cinco años de prisión efectiva, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Con este nuevo fallo, la causa mantiene su cronograma sin modificaciones, pero bajo un escenario de presión creciente sobre los tiempos judiciales, en un expediente que por su volumen y complejidad sigue planteando desafíos para su resolución dentro de los límites legales establecidos.