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Eutanasia en Argentina: el debate reavivado
La Ley de Muerte Digna permite rechazar tratamientos que prolonguen la vida, pero la eutanasia activa y el suicidio asistido continúan prohibidos. Tras la legalización en Uruguay en 2025 y el reciente caso de Noelia Castillo en España, una joven de 25 años que recibió eutanasia el 26 de marzo de 2026 tras una larga batalla judicial que llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, varios proyectos de ley buscan regular la “muerte digna” en el Congreso Nacional
El caso de Noelia Castillo, una joven española de 25 años parapléjica tras un intento de suicidio en 2022, generó fuerte impacto en Europa y reabrió el debate sobre la eutanasia en América Latina.
La mujer sufrió una agresión sexual y graves dolores crónicos, había solicitado ayuda para morir en 2024. Su padre se opuso y recurrió a múltiples instancias, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó las medidas cautelares y el procedimiento se concretó el 26 de marzo de 2026 en Barcelona.
Este caso, que involucra a una persona joven con discapacidad y sufrimiento físico y psíquico, plantea interrogantes sobre los límites de la autonomía personal y los riesgos de la eutanasia en contextos no terminales clásicos.
En Argentina rige la ley 26.742 de muerte digna (2012), que reconoce el derecho a rechazar tratamientos y garantiza cuidados paliativos, pero no autoriza la eutanasia activa ni el suicidio asistido.
Tras la sanción de la ley en Uruguay, se presentaron varios proyectos en el Congreso Nacional que buscan regular la asistencia para morir en casos de sufrimiento intolerable, con requisitos estrictos como consentimiento reiterado, capacidad mental y controles médicos y judiciales.
Los defensores argumentan que se trata de un derecho a la dignidad y autonomía individual, con amplio apoyo social. Los opositores, entre ellos la Iglesia Católica y sectores bioéticos, advierten sobre una posible pendiente resbaladiza y promueven fortalecer los cuidados paliativos en su lugar.
Ninguno de los proyectos ha logrado consenso suficiente para avanzar en el recinto. Se espera que el debate se intensifique durante 2026, impulsado por el eco internacional de casos como el de Noelia Castillo.