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Martes, 17 marzo 2026
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17 de marzo de 2026
NEUQUEN

Robo de energía en barrios privados: detectaron conexiones clandestinas en viviendas de alto poder adquisitivo

La cooperativa eléctrica CALF presentó una denuncia penal tras detectar maniobras para evadir el pago del servicio en al menos 30 propiedades. Solicitaron allanamientos para inspeccionar instalaciones internas y determinar responsabilidades

Robo de energía en barrios privados: detectaron conexiones clandestinas en viviendas de alto poder adquisitivo
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La cooperativa eléctrica CALF presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de Neuquén tras detectar conexiones clandestinas de energía en barrios privados de la ciudad, una maniobra que, según indicaron, habría sido utilizada por propietarios de viviendas de alto poder adquisitivo para evitar el pago del servicio eléctrico.

El caso se originó a partir de auditorías técnicas realizadas recientemente por personal de la cooperativa en urbanizaciones cerradas, donde se detectaron irregularidades en el sistema de suministro. Según informaron desde la entidad, al menos 30 viviendas presentaban conexiones ilegales que permitían consumir electricidad sin que el gasto quedara registrado en los medidores.

Las inspecciones alcanzaron a propiedades ubicadas en barrios cerrados como La Zagala, Bocahue, Rincón Club de Campo, Costa Río, Villa Luisa, La Peregrina y Parques de Talero, todos sectores residenciales de alto nivel en la capital neuquina.

Desde CALF indicaron que, tras reunir la información técnica, la cooperativa decidió avanzar con una presentación judicial y constituirse como querellante en la causa, que en principio podría encuadrarse en los delitos de hurto o robo de energía previstos en los artículos 162 y 164 del Código Penal.

Además de la denuncia, la entidad solicitó al juez de Garantías órdenes de allanamiento para al menos cinco propiedades, con el objetivo de inspeccionar el interior de las viviendas y verificar las instalaciones eléctricas.

Las investigaciones preliminares permitieron identificar diferentes maniobras utilizadas para evitar el control del consumo. Entre ellas, conexiones subterráneas directas a la red eléctrica, sistemas de bypass que evitaban el paso por los medidores y alimentaciones clandestinas destinadas a equipos de alto consumo.

De acuerdo con el informe técnico, esas conexiones abastecían dispositivos como sistemas de climatización central, piscinas climatizadas y equipos de riego intensivo, lo que generaba un consumo elevado de energía sin registro en el sistema de facturación.

Desde la cooperativa sostuvieron que las irregularidades detectadas no responden a fallas técnicas ni a errores en la instalación, sino a acciones deliberadas destinadas a evadir el pago del servicio.

En ese marco, explicaron que la denuncia busca avanzar en cuatro ejes principales: sancionar las maniobras ilegales, identificar a los responsables de las conexiones clandestinas, verificar los consumos dentro de las viviendas y documentar los riesgos que estas instalaciones precarias pueden generar para la red eléctrica.

Las autoridades de CALF también advirtieron sobre el impacto que este tipo de prácticas genera en el sistema eléctrico y en los usuarios que cumplen con el pago de sus facturas.

Según señalaron, la energía que es sustraída de manera irregular termina siendo absorbida por el conjunto de los asociados, ya que los costos del sistema se distribuyen entre quienes sí pagan el servicio.

Además del perjuicio económico, remarcaron que las conexiones clandestinas pueden provocar fallas en la red, sobrecargas o incluso incendios, lo que representa un riesgo tanto para las viviendas involucradas como para el resto del barrio.

En paralelo con la causa judicial, la cooperativa confirmó que continuará aportando actas técnicas, registros fotográficos y documentación al fiscal interviniente, mientras amplía los operativos de control en distintos sectores de la ciudad.

Los procedimientos forman parte de un plan de fiscalización que busca detectar irregularidades en el sistema eléctrico y reforzar los controles para evitar el uso ilegal del servicio. Según indicaron desde la entidad, el objetivo es garantizar que el acceso a la energía se realice en condiciones equitativas y sin privilegios.

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