Alerta en el sector comercial por los nuevos montos de la Ordenanza N° 1636/2025. Los propietarios denuncian incrementos abusivos en la tasa de Seguridad e Higiene y exigen su derogación ante la amenaza inminente de cierres colectivos

Cinco Saltos: convocan a un cierre masivo en rechazo a las tasas municipales

La tensión crece en Cinco Saltos, donde comerciantes locales convocaron a un cierre masivo para este jueves 19 de marzo en rechazo a una nueva tasa municipal que, aseguran, implica aumentos “excesivos y abusivos”. El conflicto gira en torno a la Ordenanza N° 1636/2025, que modificó el esquema de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene. Aunque fue aprobada el año pasado, su implementación reciente encendió la polémica por el fuerte impacto en el sector.

En un contexto económico complejo, marcado por la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo, los comerciantes cuestionan que el nuevo sistema de cálculo, basado en ingresos brutos y escalas progresivas, genera subas desproporcionadas.

La normativa introduce un sistema de cobro segmentado que busca, según el texto oficial, mayor equidad fiscal. Para los pequeños comerciantes, se consolidó un Régimen Simplificado donde los monotributistas abonan una tasa fija según su categoría. Con el valor del módulo fiscal actual en $5.036, un contribuyente de la categoría A paga hoy unos $6.999 mensuales (1,39 módulos), mientras que las categorías más altas, como la K, alcanzan los $50.158 (9,96 módulos).

Para las empresas de mayor envergadura, el Régimen General se determina por los ingresos brutos del año anterior. La escala comienza en 23 módulos anuales para quienes facturan hasta $5 millones, pero asciende drásticamente según la facturación. Además, la ordenanza fija "montos mínimos" por actividad: las distribuidoras mayoristas de alcohol deben pagar un piso de 600 módulos anuales ($3.021.600), mientras que rubros como la venta de autos usados tienen un mínimo de 170 módulos ($856.120).

Uno de los principales puntos de conflicto es la naturaleza del cobro. Los comerciantes aseguran que ya no se trata de una tasa vinculada a un servicio municipal, sino de un “impuesto encubierto” que excede las facultades del municipio. “Nos quieren cobrar un impuesto disfrazado de tasa”, remarcan, cuestionando además la falta de diálogo previo.

Si bien la norma establece beneficios como deducciones por contratar personal local o una reducción del 30% para empresas en el Parque Industrial y clínicas, desde el sector sostienen que el salto sigue siendo “inviable”.

Frente a este escenario, la protesta incluirá el cierre de locales y una reunión con el intendente para buscar una negociación. El reclamo central es la derogación de la ordenanza y la elaboración de un nuevo esquema que contemple la realidad económica local.

Por su parte, desde el Ejecutivo municipal se habría planteado la suspensión temporal de multas mientras se revisa la situación, aunque el conflicto sigue abierto y ya se registran las primeras bajas de habilitaciones comerciales en la ciudad.

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