15 de marzo de 2026
PREVENCION
Chubut quiere prohibir los celulares en las cárceles para frenar estafas y delitos digitales
El gobernador Ignacio Torres enviará a la Legislatura un proyecto de ley que busca bloquear las señales en centros de detención y reemplazar los teléfonos móviles por sistemas de comunicación controlados
El Gobierno de Chubut impulsa un proyecto de ley para prohibir el uso de teléfonos celulares en cárceles, comisarías y otros centros de detención de la provincia, con el objetivo de frenar las estafas digitales y otros delitos que, según las autoridades, se organizan desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
La iniciativa fue presentada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, quien confirmó que el proyecto será enviado a la Legislatura el próximo lunes para su tratamiento. La propuesta establece la prohibición absoluta del ingreso, la tenencia y el uso de dispositivos móviles por parte de las personas privadas de la libertad.
El mandatario explicó que la normativa apunta a erradicar lo que definió como “oficinas remotas del delito” dentro de las cárceles, desde donde se cometen estafas virtuales, extorsiones y otros delitos mediante el uso clandestino de teléfonos celulares.
“Las estadísticas indican que hubo un crecimiento exponencial de las estafas digitales, y hoy Chubut tiene la posibilidad de ser una de las primeras provincias en poner un freno definitivo a esta problemática”, aseguró Torres durante la presentación del proyecto.
El anuncio se realizó en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno y contó con la presencia del vicegobernador Gustavo Menna, el ministro de Seguridad y Justicia Héctor Iturrioz y la diputada provincial María Andrea Aguilera, autora de la iniciativa.
Según explicó el gobernador, la medida no busca incomunicar a los internos sino establecer un sistema de comunicaciones institucionales controladas que permita el contacto con familiares, defensores y autoridades.
“Quienes están detenidos es porque cometieron un delito y están cumpliendo una condena. Lo que no podemos permitir es que desde un lugar de detención se siga delinquiendo y se perjudique a otros ciudadanos”, sostuvo. En ese sentido, aclaró que los presos podrán continuar comunicándose, pero únicamente a través de terminales habilitadas por el sistema penitenciario y bajo condiciones reguladas.
Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que el proyecto también contempla la instalación de sistemas de bloqueo o inhibición de señal dentro de los centros de detención para evitar el uso clandestino de celulares.
El ministro Héctor Iturrioz explicó que la iniciativa busca recuperar el esquema previsto por la legislación nacional penitenciaria, que establece restricciones al uso de dispositivos en contextos de encierro. “Durante la pandemia hubo una flexibilización por razones excepcionales, pero ese contexto ya terminó. Lo que estamos planteando es volver a un funcionamiento normal del sistema penitenciario”, señaló. El funcionario advirtió además que el aumento de las estafas virtuales en todo el país convirtió al uso de celulares en cárceles en un problema de seguridad pública.
Por su parte, el vicegobernador Gustavo Menna afirmó que la iniciativa apunta a atacar delitos que incluyen extorsiones, estafas y secuestros virtuales. “Muchos reclusos aprovecharon la situación excepcional que se dio durante la pandemia para acceder a dispositivos que hoy son utilizados para delinquir desde el interior de los establecimientos penitenciarios”, indicó.
La diputada provincial María Andrea Aguilera, autora del proyecto, sostuvo que la normativa busca garantizar comunicaciones seguras sin permitir el uso de teléfonos móviles. “Lo que buscamos es prohibir el ingreso, la tenencia y la facilitación del uso de equipos terminales móviles para las personas privadas de la libertad, garantizando al mismo tiempo que las comunicaciones se realicen en condiciones seguras”, explicó.
La legisladora detalló que las comunicaciones se realizarán en espacios habilitados, en horarios establecidos y mediante sistemas institucionales especialmente configurados para ese fin. El proyecto establece que los equipos habilitados solo podrán utilizarse para llamadas de voz, sin acceso a internet, redes sociales, aplicaciones de mensajería, correo electrónico, videollamadas ni intercambio de archivos.
Además, cada comunicación deberá realizarse hacia números previamente autorizados y registrados en un listado oficial de destinatarios habilitados. El sistema también llevará un registro de datos básicos de cada llamada, incluyendo fecha, hora, duración, interno solicitante, terminal utilizada y número de destino.
La normativa tendrá alcance en todos los establecimientos de detención de jurisdicción provincial, incluyendo cárceles, unidades penitenciarias, institutos, alcaidías, comisarías y centros de detención transitoria. También se aplicará a personas privadas de libertad alojadas en unidades del sistema federal cuando su detención haya sido ordenada por jueces o tribunales de la provincia.
En caso de detectarse celulares u otros dispositivos prohibidos dentro de los establecimientos, la ley prevé su decomiso inmediato y la elaboración de un acta con los detalles del hallazgo. Si además existen indicios de la comisión de un delito, las autoridades deberán dar intervención al Ministerio Público Fiscal y al juez competente.
El proyecto también establece la obligación permanente de las autoridades penitenciarias de aplicar controles y medidas preventivas para evitar el ingreso de dispositivos a los lugares de detención. Según señalaron desde el Gobierno provincial, la iniciativa forma parte de una política más amplia destinada a fortalecer la seguridad digital y combatir el ciberdelito.
En ese marco, recordaron que Chubut ya avanzó en otras normativas vinculadas al uso responsable de la tecnología y la protección de los ciudadanos frente a delitos digitales.