Petroleros, mineros, pesqueros, estatales y docentes advierten sobre pérdida de derechos y debilitamiento de convenios colectivos. La mayoría anticipa más conflicto en la calle y en los tribunales si Diputados convierte la iniciativa en ley

Reforma laboral: las posiciones de los gremios patagónicos

La media sanción otorgada por el Senado al proyecto de Ley de Modernización Laboral durante las primeras horas del jueves pasado no solo abrió paso para el debate en la Cámara de Diputados, sino que también puso en vilo el escenario ocupacional en las provincias del sur, donde la estructura productiva descansa sobre actividades extractivas, empleo público fuerte y convenios colectivos históricamente más robustos que el promedio del país.

Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz no discuten una norma abstracta: debaten el marco regulatorio que ordena el trabajo en Vaca Muerta, en los yacimientos convencionales maduros, en los puertos langostineros y en los campamentos mineros.

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional modifica pilares de la Ley de Contrato de Trabajo, la normativa sobre convenciones colectivas y la ley de asociaciones sindicales. Extiende el período de prueba, redefine la base de cálculo indemnizatoria, formaliza el banco de horas, limita la ultraactividad de los convenios, establece topes a aportes solidarios y fija nuevas reglas para asambleas en lugares de trabajo.

Desde la Casa Rosada sostienen que se trata de una actualización necesaria para reducir litigiosidad y promover empleo formal. En cambio, el diagnóstico sindical es mayoritariamente opuesto: hablan de flexibilización regresiva y retroceso de derechos.

El rechazo no es homogéneo en intensidad, pero sí amplio en alcance. Petroleros, mineros, marítimos, docentes y estatales salieron a la calle durante el tratamiento en el Senado el pasado miércoles y ya anticipan que, de avanzar en Diputados, la disputa continuará en los tribunales. La experiencia reciente del DNU 70/2023 —cuyo capítulo laboral fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional del Trabajo— funciona como antecedente directo en la estrategia gremial.

A diferencia de otras reformas debatidas en Buenos Aires, la laboral impacta de lleno en una región donde las condiciones de trabajo suelen ser extremas: turnos de 12 horas, rotaciones de 14x14 o 21x7, aislamiento geográfico, estacionalidad productiva y adicionales por zona desfavorable que compensan costos de vida más altos. En ese marco, cualquier alteración en la negociación colectiva adquiere un peso específico distinto al del resto del territorio nacional.

En el plano político, el debate también expuso matices. Como ejemplo de contrapunto, la senadora neuquina Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, defendió la iniciativa y vinculó el rechazo sindical con prácticas que calificó de corporativas. En contraste, el senador santacruceño José María Carambia votó en contra y sostuvo que modernizar no implica retroceder en derechos básicos, poniendo el acento en las particularidades provinciales.

Neuquén y Río Negro: Vaca Muerta, el epicentro de la tensión

En el corazón de Vaca Muerta, la reacción fue inmediata. El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, conducido por Marcelo Rucci, expresó un rechazo frontal a cualquier iniciativa que implique flexibilización. Rucci reiteró que la competitividad del shale neuquino no puede sostenerse a costa de erosionar la dignidad del trabajador. En la misma línea, la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles advirtió que la reforma afecta vacaciones, indemnizaciones y la negociación colectiva sectorial.

La discusión sobre el banco de horas tiene implicancias concretas. Las operadoras buscan mayor flexibilidad para adaptar turnos a la dinámica de fractura y perforación. Los gremios temen que esa herramienta termine diluyendo el pago de horas extras y debilitando convenios provinciales que hoy garantizan salarios superiores a la media nacional. La ultraactividad limitada, además, abre la puerta a renegociaciones a la baja si un convenio vence sin acuerdo.

El trasfondo económico complejiza el escenario. Aunque Vaca Muerta continúa siendo uno de los pocos motores de crecimiento, la desaceleración general de la economía impacta en servicios y construcción vinculados al sector. Cualquier señal de inestabilidad laboral podría amplificar tensiones en un mercado que combina alta rotación y demanda de mano de obra calificada.

En las calles de Neuquén capital, Senillosa y San Martín de los Andes, las movilizaciones convocadas por ATE y ATEN mostraron una confluencia de estatales y privados poco frecuente fuera de conflictos estrictamente salariales. En Río Negro, la UNTER y ATE replicaron el esquema en Viedma, Bariloche y General Roca. El argumento central: la reforma no generará empleo, sino que precarizará el existente.

Chubut: entre el declive petrolero y la crisis pesquera

En Chubut, donde el petróleo convencional pierde terreno frente al no convencional neuquino, el debate adquiere otro matiz. El senador Carlos Linares fue categórico al votar en contra: aseguró que una reforma laboral no genera empleo en contextos de retracción productiva. Recordó la pérdida de miles de puestos en yacimientos maduros y la paralización de la construcción.

El Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, liderado por Jorge Ávila, declaró estado de alerta y movilización. En una provincia donde los despidos en cuencas convencionales son una amenaza latente y se buscan blindar inversiones a partir de la eliminación de las regalías, cualquier reducción indemnizatoria se percibe como incentivo para ajustes empresariales.

En la pesca, actividad clave en los puertos de Rawson y Puerto Madryn, el rechazo fue incluso más contundente. El Sindicato de Conductores Navales (SICONARA), conducido por Mariano Vilar, advirtió que el trabajador no puede seguir siendo la variable de ajuste. El régimen de share —porcentaje de captura que integra la remuneración— depende de convenios colectivos específicos que podrían verse debilitados si prevalecen acuerdos de empresa.

La estacionalidad langostinera y los picos intensos de actividad hacen que la regulación de jornadas y descansos sea especialmente sensible. Los gremios marítimos sostienen que el banco de horas podría permitir extensiones sin pago proporcional inmediato. Las cámaras empresarias, en cambio, insisten en que la modernización es necesaria para sostener competitividad frente a mercados internacionales volátiles.

En paralelo, ATECh y el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia se sumaron a las protestas provinciales. Luz y Fuerza difundió un comunicado de fuerte contenido político, donde vinculó la defensa de derechos laborales con la fortaleza democrática. El mensaje apuntó a un electorado sindical históricamente movilizado en la provincia.

Santa Cruz: matices internos y rechazo estatal

Santa Cruz exhibe un mapa sindical complejo. En el sector petrolero de la Cuenca Austral, a diferencia del rechazó generalizado en la región, el dirigente Marcelo Turchetti adoptó una postura más dialoguista, señalando que la legislación laboral de 1974 requiere actualización, aunque admitió que la reforma por sí sola no atraerá inversiones. Su posición lo diferenció de la mayoría de los gremios extractivos de la región.

En minería, la Asociación Obrera Minera Argentina, encabezada por Héctor Laplace, rechazó la iniciativa por considerar que implica pérdida evidente de derechos. En operaciones como Cerro Vanguardia, los trabajadores temen que los acuerdos de empresa desplacen cláusulas de seguridad y adicionales por aislamiento.

El empleo público, con peso decisivo en la economía santacruceña, mostró rechazo cerrado. ADOSAC y ATE realizaron paros y movilizaciones en Río Gallegos. El argumento se centró en la defensa del derecho de huelga y en la advertencia de que limitar asambleas en lugares de trabajo podría afectar la organización sindical.

El voto negativo de los tres senadores santacruceños reforzó esa lectura provincial. Carambia, en particular, subrayó que la supuesta “industria del juicio” no tiene la misma magnitud en todas las jurisdicciones y que una norma uniforme podría generar distorsiones en realidades productivas disímiles.

Estatales y docentes: el núcleo más activo del rechazo

En las cuatro provincias patagónicas, los gremios estatales y docentes fueron los más visibles en la protesta. UNTER en Río Negro, ATEN en Neuquén, ATECh en Chubut y ADOSAC en Santa Cruz convocaron paros coordinados con ATE y las CTA. La defensa del artículo 14 bis de la Constitución y del principio de progresividad de derechos sociales fue eje común en los comunicados.

El Frente de Sindicatos Unidos anticipó que judicializará los artículos que considere inconstitucionales. El exdiputado neuquino y abogado laboralista Mariano Mansilla confirmó a La Tecla Patagonia que ATE y ATEN le encargaron el estudio del articulado para preparar acciones directas de inconstitucionalidad. Según explicó, además de las presentaciones colectivas, cada trabajador podría plantear la inconstitucionalidad en reclamos individuales.

La estrategia contempla amparos, medidas cautelares y eventualmente recursos ante la Corte Suprema. La experiencia del DNU 70/2023 funciona como antecedente alentador para el sindicalismo. El escenario más probable, es una declaración de inconstitucionalidad parcial que mantenga en suspenso la aplicación de artículos controvertidos durante al menos en un mediano plazo.

Judicialización en puerta: del Congreso a tribunales

Si Diputados convierte en ley el proyecto sin cambios sustanciales, el conflicto se trasladará a la Justicia. Los planteos se apoyarán en la prohibición de regresividad en materia de derechos sociales y en la protección constitucional del trabajo. También se cuestionará la limitación de la ultraactividad y las nuevas reglas sobre huelga y asambleas.

En la Patagonia, donde la sindicalización es alta y los convenios sectoriales tienen peso específico, la judicialización podría adquirir un volumen significativo. Amparos provinciales y acciones colectivas se sumarían a demandas individuales por despidos o diferencias salariales derivadas del banco de horas.

El impacto político no será menor. Los gobernadores patagónicos deberán equilibrar la relación con el Gobierno nacional y la presión de sus bases sindicales. La discusión no sólo define un marco laboral; también pone en juego el modelo de desarrollo regional en un contexto de transición energética y tensiones fiscales.

La Patagonia, históricamente forjada en torno al trabajo extractivo y la organización sindical, enfrenta un nuevo capítulo de disputa estructural. La reforma laboral no es leída aquí como un ajuste técnico, sino como una redefinición de equilibrios de poder entre capital y trabajo. Mientras el oficialismo acelera el reloj legislativo, los gremios preparan la doble estrategia de movilización y litigio.

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