29 de diciembre de 2025
A ENDEREZAR LA NAVE
Río Negro oficializó el Presupuesto 2026: deuda, gastos y superávit en tensión
Con amplias facultades para el Ejecutivo, la Legislatura oficializó un presupuesto de más de 3,3 billones de pesos. La oposición advierte sobre la "timba financiera" con nueva deuda para gastos corrientes y cuestiona la sostenibilidad de un equilibrio basado en estimaciones de recaudación que podrían fallar
La Legislatura de Río Negro sancionó y el gobierno promulgó la ley que establece el presupuesto provincial para 2026, un paquete de más de 3,3 billones de pesos que crece cerca de un 38% respecto al año anterior y que se basa en un superávit proyectado de 170.456 millones en las cuentas corrientes. Sin embargo, tras los números oficiales asoman las mismas preocupaciones que despertó el proyecto original: un aumento sostenido de la deuda para cubrir gastos de funcionamiento, una proyección de ingresos propia considerada riesgosa y una masa salarial que, nuevamente, parece quedarse corta ante la presión inflacionaria y la histórica demanda gremial.
El presupuesto final, fijado en 3.315.697.137.907 de pesos tanto para gastos como para recursos, consolida las amplias facultades para el Poder Ejecutivo –a través del Ministerio de Hacienda– para realizar modificaciones y transferencias de partidas, incluso entre diferentes jurisdicciones y programas. Mientras el oficialismo celebró la aprobación mayoritaria y en muchos artículos por unanimidad, desde la oposición se mantiene el escepticismo.
Legisladores consultados durante el tratamiento del proyecto, como Juan Martín (PRO), ya habían expresado su inquietud por “el crecimiento sostenido de las deudas provinciales o la rigidez del gasto en personal”, y demandaban claridad sobre “¿en qué van a usar la plata?”.
Un pilar clave del equilibrio presupuestario es la estimación de 839.577 millones de pesos en recursos propios, una de las fuentes de financiamiento más importantes. Fuentes opositoras advierten que este cálculo es una apuesta optimista, ya que en contextos de crisis una de las primeras erogaciones que las familias postergan son los impuestos locales como el Inmobiliario. “El equilibrio se basa en una especulación que no se sabe si se va a condecir con la realidad”, señalaron técnicos legislativos durante el análisis.
El capítulo que más críticas genera es, una vez más, el del endeudamiento. La ley autoriza al Ejecutivo a contraer nuevas deudas por hasta 90.000 millones de pesos para “financiar desequilibrios financieros”, infraestructura o desarrollo económico. Además, se habilita la emisión de instrumentos por 40.000 millones para pagar obligaciones salariales, previsionales o por daños, y el uso de cheques de pago diferido por 24.000 millones. Esto se suma a las autorizaciones ya vigentes para sobregiros y Letras con garantía de la coparticipación por montos que superan los 260.000 millones. “El gobierno subsiste tomando deuda para gastos corrientes”, acusaron desde la oposición, quien calificó la estrategia como una “timba financiera” y recordó que, a diferencia de 2025, “ya no tenemos renegociación petrolera como este año, vamos a ver cómo hacen”.
En el desglose de gastos, el Poder Judicial recibirá 225.036 millones, un monto que queda un 17% por debajo de lo solicitado por el Superior Tribunal. La Legislatura, en cambio, obtendrá 42.111 millones, lo que representa un aumento nominal del 43% respecto al presupuesto inicial de 2025, aunque la suba real ronda el 20% si se considera lo finalmente ejecutado.
Otro punto de fricción anticipado es la masa salarial, que con 1,8 billones de pesos crece un 11% nominal respecto a la asignación de 2025. Esta proyección se alinea con la inflación estimada por la Nación para el próximo año (10,1%), pero difícilmente satisfaga las demandas de los gremios, que históricamente negocian incrementos por encima de ese índice. El año pasado, el gasto en personal terminó creciendo por encima de la inflación, por lo que es previsible que las erogaciones finales superen los cálculos oficiales, tensionando aún más el equilibrio fiscal que el gobierno promete.