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19 de noviembre de 2026
NEUQUÉN

San Patricio del Chañar: Acusaron a una concejal de adjudicarse un terreno fiscal

La Justicia formuló cargos contra Mónica Barrera por intervenir en el trámite legislativo que terminó otorgándole un lote de tierras públicas. La fiscalía sostiene que participó del debate y votó a favor de su propia adjudicación, mientras que el juez rechazó, por ahora, imputar a la viceintendenta Marta González

San Patricio del Chañar: Acusaron a una concejal de adjudicarse un terreno fiscal
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La investigación por la adjudicación de un terreno fiscal en San Patricio del Chañar avanzó con la formulación de cargos contra la concejal Mónica Beatriz Barrera. El Ministerio Público Fiscal la acusa de haberse interesado personalmente en el dictado de una ordenanza que le permitió acceder a un lote de tierras públicas, en una operación que, según la acusación, incumplió los procedimientos establecidos por la Carta Orgánica municipal.

El fiscal del caso, Juan Narváez, y el asistente letrado Facundo Bernat presentaron la acusación ante el juez de garantías Luciano Hermosilla, quien avaló la formulación de cargos y habilitó una investigación penal preparatoria por cuatro meses. A Barrera se le atribuye el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en calidad de autora.

La fiscalía también había solicitado imputar a la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Marta Verónica González, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Le reprochó no haber realizado los controles correspondientes durante el trámite legislativo. Sin embargo, el magistrado rechazó ese planteo por el momento, al considerar que existen dudas sobre el dolo en su accionar.

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el proceso comenzó el 25 de noviembre de 2024, cuando Barrera solicitó al Ejecutivo municipal derogar una ordenanza de 1996 y adjudicarle en venta el Lote 10 de la Chacra 28, ubicado en Picada 9.

El expediente llegó al Concejo Deliberante y, el 24 de junio de 2025, la Comisión de Asuntos Institucionales emitió un despacho favorable con participación de la propia concejal. De acuerdo con la acusación, lo hizo sin contar previamente con un dictamen legal formal.

Al día siguiente, durante la sesión ordinaria número 13, Barrera no se abstuvo de intervenir: tomó la palabra para fundamentar la iniciativa y votó a favor de la adjudicación. El proyecto se aprobó por mayoría simple, con tres votos positivos y dos negativos, y quedó plasmado en la Ordenanza 1497/25, firmada por González.

Para la fiscalía, el procedimiento presentó varias irregularidades. La Carta Orgánica exige una mayoría de dos tercios, equivalente a cinco votos, para este tipo de decisiones, además de establecer la licitación pública o el remate como mecanismos para vender inmuebles fiscales. También señaló que el dictamen legal por escrito fue incorporado al expediente recién minutos después de finalizada la sesión.

Con la formulación de cargos, la investigación tendrá ahora cuatro meses para avanzar sobre las responsabilidades en el trámite que terminó con la adjudicación del terreno.

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