30 de octubre de 2026
LEY DE TIERRAS
Buscan saber qué ventas de tierras se concretaron durante la ventana que abrió la Corte
Pablo Volkind, integrante del Observatorio de Tierras, señaló que detectaron ofrecimientos de propiedades rurales en Chubut, incluso con lagos y costas de agua. En declaraciones al programa Desconfiados, explicó que todavía buscan determinar qué operaciones se concretaron durante el período abierto por un fallo de la Corte Suprema
La suspensión provisoria de la Ley de Tierras durante diez días habría abierto una oportunidad para avanzar con operaciones inmobiliarias que hasta entonces estaban alcanzadas por restricciones para compradores extranjeros. En ese período se detectaron publicaciones que ofrecían campos en la Patagonia con características que la normativa impedía adquirir.
En declaraciones al programa Desconfiados, Pablo Volkind, historiador e investigador del Observatorio de Tierras, reconoció que todavía no pudieron establecer el alcance de lo ocurrido. “Todavía estamos intentando dar cuenta de lo que sucedió”, explicó, y señaló que determinar cuántas operaciones se concretaron requiere relevar los registros de los catastros provinciales, cuya información no está disponible públicamente.
Uno de los casos identificados por el Observatorio corresponde a una inmobiliaria rural que comenzó a promocionar propiedades en Chubut pocos días antes del fallo de la Corte Suprema. El perfil apareció bajo el nombre de Loma Alta Propiedades, aunque no figuraría inscripto como una firma independiente.
La primera publicación fue realizada el 26 de septiembre. Luego, durante la ventana temporal abierta por la decisión judicial, aparecieron nuevas ofertas dirigidas también a potenciales inversores extranjeros. Entre ellas se encontraba un campo en la zona de Río Pico, con costa de lago, laguna y río, características que estaban alcanzadas por las restricciones de la ley.
El décimo informe del Observatorio, publicado en octubre, identificó una propiedad de 2.943 hectáreas en Alto Río Pico, promocionada con lago privado y 16 kilómetros de costa sobre el río. La publicación destacaba su potencial productivo, forestal y turístico, y presentaba a la tierra patagónica como una oportunidad de inversión para capitales del exterior.
Según detalló Volkind, a través de la página de la inmobiliaria se podían consultar propiedades dentro de rangos de entre tres y diez millones de dólares. También señaló que las publicaciones ofrecían asesoramiento para concretar operaciones y que investigadores de otras provincias habían advertido movimientos similares en Salta y San Juan.
El informe sostiene que las publicaciones de Loma Alta Propiedades promocionaban expresamente la oportunidad que se había abierto con el fallo de la Corte. Incluso ofrecían conectar a los interesados con abogados y escribanos para verificar las condiciones vigentes al momento de la compra, incluidas las particularidades de las zonas de frontera.
La preocupación radica en que la suspensión de la ley dejó temporalmente sin efecto algunas de las limitaciones que impedían la compra de determinados territorios por parte de extranjeros. Entre ellas, las restricciones sobre campos con espejos de agua, zonas de frontera, departamentos que ya superaban el límite del 15% de tierras extranjerizadas y superficies que excedían los máximos permitidos.
La Corte Suprema había suspendido provisoriamente el artículo 154 del DNU 70, lo que permitió restablecer temporalmente la vigencia de la Ley de Tierras el 9 de octubre, diez días después. Para Volkind, se trató de “una situación por demás anómala”, que obliga a revisar qué ocurrió durante ese intervalo.
El investigador planteó la necesidad de que se realicen presentaciones en cada provincia para relevar las operaciones e intentar revertir aquellas compras que se hayan concretado en ese período. De todos modos, reconoció que el escenario jurídico es complejo porque las eventuales transferencias estarían respaldadas por una decisión del máximo tribunal del país.
Desde el Observatorio ya realizaron un nuevo pedido de información al Registro Nacional de Tierras Rurales y buscan que los grupos que se conformaron en distintas provincias también recurran a los catastros locales. Por ahora, las publicaciones permiten identificar ofrecimientos y posibles oportunidades de negocio, pero no prueban que las ventas se hayan concretado.
La tarea pendiente es establecer si durante esos diez días se transfirieron tierras que, hasta entonces, estaban protegidas por la normativa. En particular, preocupa la posibilidad de que se hayan avanzado operaciones sobre propiedades con acceso a lagos, ríos o ubicadas en zonas de frontera.