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Domingo, 11 octubre 2026
Argentina
11 de octubre de 2026
SANTA CRUZ

Vidal vinculó los atrasos judiciales en la provincia con la herencia del kirchnerismo

El gobernador vinculó los atrasos detectados en cinco juzgados de Río Gallegos con el funcionamiento del Poder Judicial durante gestiones anteriores. También reivindicó la restitución de Eduardo Sosa como procurador general

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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, volvió a cuestionar al kirchnerismo por el funcionamiento del Poder Judicial provincial, luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) detectara demoras en cinco juzgados de primera instancia de Río Gallegos. A través de una publicación en redes sociales, el mandatario sostuvo que “la Justicia era la última trinchera del kirchnerismo” y afirmó que las inspecciones recientes permitieron identificar atrasos acumulados durante años.

El pronunciamiento se conoció después de una resolución del 7 de octubre, mediante la cual el presidente del TSJ, Gabriel Contreras Agüero, requirió a la Cámara de Apelaciones que implemente medidas urgentes para regularizar el funcionamiento de los juzgados civiles, comerciales, laborales y de minería N° 1 y 2, y de los juzgados de Familia N° 1, 2 y 3. El tribunal fijó un plazo máximo de dos meses para corregir las demoras y estableció que la Cámara deberá informar, dentro de los primeros 15 días, las medidas adoptadas y el cronograma previsto. 
 

El relevamiento encontró situaciones diferentes entre las dependencias inspeccionadas. En el Juzgado de Familia N° 2 había 96 sentencias pendientes y 15 resoluciones interlocutorias sin dictar, con expedientes demorados desde febrero de 2025. En el Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 1 se registraron 1.155 escritos acumulados sin asignar ni proveer en sus tres secretarías, además de sentencias y resoluciones fuera de plazo. El Juzgado de Familia N° 1, en cambio, presentaba el despacho diario al día y sus resoluciones pendientes estaban dentro de los plazos legales.

El documento también consignó expedientes y escritos sin tramitar en el Juzgado de Familia N° 3 y demoras en las tres secretarías del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 2. Si bien los informes mencionaron como factores coadyuvantes las medidas de fuerza del gremio judicial y las deficiencias de infraestructura e insumos informáticos, el TSJ consideró que la antigüedad y la magnitud de algunos retrasos excedían la coyuntura actual y requerían una intervención correctiva urgente. 



En su mensaje, Vidal planteó que detrás de cada expediente paralizado hay personas que esperan una respuesta judicial. “Durante más de 30 años el kirchnerismo gobernó Santa Cruz”, escribió, y sostuvo que durante ese período hubo casos de corrupción que, según su interpretación, no recibieron explicaciones suficientes en la provincia. También anticipó que su gestión seguirá impulsando modificaciones para lograr una Justicia que, en sus palabras, “no responda al poder político, sino a la ley”.

El gobernador enumeró entre esas medidas la restitución de Eduardo Sosa como procurador general, la ampliación del Tribunal Superior de Justicia y la implementación de concursos para fiscales y defensores. La publicación estuvo acompañada por una imagen de Sosa, cuya historia se convirtió en uno de los principales antecedentes de la disputa institucional entre el kirchnerismo y los sectores que cuestionaron el funcionamiento de la Justicia santacruceña.

Sosa había sido apartado de su cargo en 1995, después de que una reforma provincial eliminara la figura del procurador general que ocupaba. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó en distintas oportunidades que fuera restituido, pero la decisión permaneció sin cumplimiento efectivo durante décadas. En junio de 2026, la Legislatura provincial aprobó su restitución y, posteriormente, Vidal firmó el Decreto 0644 para formalizarla. Sosa asumió en julio, luego de más de 30 años de reclamos judiciales.

Al vincular ese antecedente con los atrasos detectados en los juzgados, Vidal afirmó que los cambios impulsados por su administración ya comienzan a reflejarse en el funcionamiento del sistema judicial. También sostuvo que su gobierno continuará con las reformas pese a las resistencias que, según señaló, enfrenta. Sus declaraciones se inscriben en el enfrentamiento político e institucional que mantiene con sectores vinculados al kirchnerismo en torno a la organización y el funcionamiento del Poder Judicial de Santa Cruz.

La resolución del TSJ, por su parte, no atribuyó las demoras a una fuerza política ni estableció responsabilidades partidarias. El documento se concentró en las falencias administrativas detectadas, ordenó a la Cámara de Apelaciones elaborar un plan de regularización y dispuso que los juzgados alcanzados subsanen los atrasos dentro de los dos meses establecidos. El cumplimiento de ese plazo será el próximo paso para evaluar la respuesta institucional a las observaciones realizadas.

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