8 de octubre de 2026
SANTA CRUZ
Una sesión atravesada por el reclamo petrolero terminó suspendida
La Legislatura provincial dio por terminada la reunión en recinto de este jueves tras un parte que advirtió sobre falta de garantías de seguridad. Afuera se manifestaban trabajadores del gremio SIPGER y quedaron pendientes proyectos sobre hidrocarburos. Diputados del oficialismo pidieron explicaciones
La Cámara de Diputados de Santa Cruz levantó este jueves la sesión ordinaria luego de un cuarto intermedio y dejó sin tratamiento la agenda vinculada a la actividad petrolera. El encuentro fue presidido por el diputado Javier Jara, en reemplazo del vicegobernador Fabián Leguizamón. Según se informó, incidentes registrados durante la jornada no permitieron garantizar las condiciones de seguridad dentro del recinto y del edificio legislativo. En el exterior permanecían manifestantes vinculados al Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER).
Antes de la interrupción, el secretario gremial del sindicato, Carlos Monsalvo, había sido invitado a ingresar al recinto para exponer ante los diputados. La sesión avanzaba todavía con el ingreso de proyectos y su pase a estado parlamentario cuando se resolvió el cuarto intermedio. La decisión dejó fuera del tratamiento la Ley de Emergencia Hidrocarburífera, el pedido de informes dirigido a Pan American Energy (PAE) y los demás expedientes incluidos en el orden del día.
La suspensión se produjo en medio de un reclamo que el SIPGER viene sosteniendo por la situación laboral de los trabajadores de la Cuenca del Golfo San Jorge. El gremio, conducido por Rafael Güenchenen, reclama que la recuperación de la actividad se traduzca en puestos de trabajo para los petroleros santacruceños. En septiembre, el sindicato había acordado con PAE que los empleos vinculados al nuevo programa de inversiones de la compañía fueran cubiertos por trabajadores de la provincia, dentro de un plan que contempla nuevas perforaciones.
El planteo gremial convive con una serie de anuncios oficiales sobre una recuperación de la actividad después de más de dos años de baja perforación. Esta semana, Crown Point Energía confirmó una inversión superior a los US$7,2 millones para perforar tres pozos en Koluel Kayke y Piedra Clavada, con prioridad para trabajadores que habían quedado desvinculados del sector. El programa también incluye un pozo exploratorio sobre la formación D-129.
En paralelo, el Gobierno provincial negocia con PAE un proyecto de desarrollo no convencional sobre la formación D-129, en el flanco norte de Santa Cruz. El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, informó esta semana que las conversaciones alcanzaron un 60% de avance y que todavía restan resolver aspectos técnicos y legales. Según anticipó el funcionario, el acuerdo podría ser presentado por Claudio Vidal en las próximas semanas si se completan las definiciones pendientes.
La iniciativa que quedó sin tratar en Diputados tiene como antecedente la Ley 3914, sancionada en 2025 para declarar la emergencia hidrocarburífera en todo el territorio continental. La norma estableció incentivos fiscales y reducción de regalías condicionados a planes de trabajo, además de mecanismos para sostener el empleo y una comisión legislativa de seguimiento. Su vigencia original llegaba hasta el 31 de diciembre de 2025 y podía extenderse por otro período con aprobación de la Cámara.
De hecho, el Poder Ejecutivo había prorrogado la emergencia de manera ad referéndum de la Legislatura desde el 1° de enero hasta el 20 de septiembre de 2026, por medio del Decreto 0064/2026. El tratamiento legislativo pendiente adquiere así una dimensión adicional: el proyecto que debía discutirse este jueves buscaba avanzar sobre una herramienta creada justamente para acompañar la situación de las áreas hidrocarburíferas maduras y preservar puestos de trabajo.
La interrupción de la jornada también dejó pendiente el pedido de informes a PAE, que quedó dentro de una discusión más amplia sobre el estado de las negociaciones y los compromisos de inversión de la compañía. El expediente no llegó a ser abierto por el cuerpo antes del levantamiento de la sesión, por lo que cualquier intercambio parlamentario sobre el proyecto D-129 deberá esperar a una nueva convocatoria.
La Presidencia de la Cámara fundamentó el levantamiento en cuestiones de seguridad y no comunicó oficialmente que la decisión respondiera a una modificación del temario. Tampoco hubo, hasta el momento, una atribución oficial de los incidentes al sindicato. El dato concreto es que la presencia de los manifestantes coincidió con la interrupción de una sesión que tenía varios expedientes hidrocarburíferos en agenda.
Dichas dudas ya generaron cuestionamientos dentro de la propia Cámara. El presidente del bloque oficialista de Por Santa Cruz, Santiago Aberastain, junto a las diputadas Adriana Nieto López y Fabiola Loreiro, presentaron un pedido formal de explicaciones dirigido a Jara. Los legisladores reclamaron que se fundamenten los motivos del levantamiento definitivo y dieron un plazo máximo de 24 horas para recibir una respuesta documentada. Además, advirtieron sobre la posibilidad de impulsar acciones administrativas y judiciales.
En la presentación, los diputados cuestionaron que la decisión se habría tomado de manera unilateral, sin someter previamente a consideración del cuerpo otras alternativas para garantizar la seguridad y permitir la continuidad de la sesión. Solicitaron un informe cronológico de los acontecimientos, detalles sobre los incidentes registrados, las medidas de seguridad implementadas y una explicación sobre por qué no se recurrió a una suspensión temporal. También pidieron conocer si hubo intervención de la fuerza pública, qué instrucciones se impartieron y si existen registros audiovisuales o actuaciones judiciales vinculadas con los hechos.
Uno de los puntos del reclamo refiere a un episodio de violencia que habría sufrido una trabajadora legislativa. Los firmantes exigieron información sobre las medidas adoptadas para protegerla y sobre la eventual presentación de denuncias penales. A su vez, citaron los artículos 152 al 159 del Reglamento de la Cámara, que contemplan herramientas para restablecer el orden, como llamados de atención, intervención de la fuerza pública, desalojo y suspensión temporal con posibilidad de reanudar la actividad. Según plantearon, la Presidencia debe explicar por qué esos mecanismos no habrían sido suficientes. La presentación también sostiene que las personas que ingresaron al recinto se encontraban sentadas y no habrían protagonizado disturbios que impidieran continuar con el debate.
La próxima sesión ordinaria fue anunciada para el jueves 22 de octubre. Allí podrían volver a escena tanto la emergencia hidrocarburífera como el pedido de informes a PAE y el resto de los proyectos que quedaron sin tratamiento. También podría llegar al recinto el nuevo pliego de Carlos Albarracín, que ya obtuvo despacho favorable en la Comisión de Asuntos Constitucionales por cinco votos contra cuatro y quedó en condiciones de ser tratado nuevamente por los diputados.