3 de septiembre de 2026
RIO NEGRO
Otro embargo: la Justicia ordenó trabar cerca de 30 mil dólares a la diputada Villaverde
Un juzgado civil de Bariloche le trabó a la diputada libertaria un embargo preventivo por US$ 29.970 por un lote del Tajamar, en Las Grutas. Es el tercero por el mismo emprendimiento. Villaverde dijo que no fue notificada, que se enteró por la prensa y denunció “escarnio” mediático e institucional

La Justicia de Río Negro volvió a trabar un embargo preventivo contra la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde. Esta vez es por casi 30 mil dólares y lo firmó el juez Cristian Tau Anzoátegui, del Juzgado Civil 5 de Bariloche. El reclamo apunta al emprendimiento Tajamar, en Las Grutas: un comprador denuncia que pagó un terreno y no le entregaron lo prometido.
No es un capítulo aislado. En 2025 ya había habido un embargo preventivo por alrededor de 50 millones de pesos y, en diciembre, el juez Santiago Morán le trabó la dieta y el medio aguinaldo hasta cubrir unos 40,5 millones.
En marzo de 2026 se conoció otro por más de 31 millones. Siempre el mismo escenario: loteos en la costa, boletos de compraventa, obras y escrituración que no llegan, y medidas cautelares. Hasta ahora no hay sentencia firme ni condena. Los embargos civiles son preventivos: sirven para asegurar un eventual resultado, no para declarar quién tiene razón.
Varios compradores de Tajamar reclaman infraestructura, acceso y escrituras que no se concretaron. Algunos llegaron a acuerdos privados; otros siguen en tribunales de Bariloche y San Antonio Oeste. Villaverde, en causas anteriores, atribuyó demoras a la pandemia.
En declaraciones a la prensa, Villaverde desconoció la medida. Afirmó que no le comunicaron nada y que, otra vez, se enteró por la prensa. Calificó el episodio como parte de un trato “mediático particularmente violento y desigual”. Sostuvo que hace tiempo soporta un tratamiento institucional provincial, municipal y mediático que no se puede separar del “escarnio mediático, político y la violencia institucional” que, según ella, atraviesa como mujer y representante rionegrina.
Aclaró que no pide privilegios ni quiere sustraerse del proceso: quiere ser notificada, defenderse como cualquier ciudadano y no ser condenada en público “por el poder informal que ejercen algunos medios” antes de que la Justicia resuelva.