1 de septiembre de 2026
SAN MARTIN DE LOS ANDES
Saloniti se alista para comparecer ante el Concejo Deliberante en una sesión inédita
Este jueves, a las 9, el intendente presentará su descargo luego del pedido de juicio político que realizó una vecina hace un mes. Ayer, la Comisión de Labor Legislativa estableció que la sesión se realice sin público y hay polémica
Este jueves, el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, tendrá que comparecer ante el Concejo Deliberante para explicar cuestiones relacionadas a la gestión municipal. De esta manera, busca evitar que avance un pedido de juicio político que presentó una vecina.
El Concejo convocó a la Sesión Especial I para este jueves a las 9 de la mañana. Ayer, la Comisión de Labor Legislativa estableció los criterios para llevar adelante la sesión, convocada por la Resolución CD 160/26 luego de una solicitud del propio intendente quien pidió ser recibido para aclarar su situación, ante las denuncias que comenzaron a circular.
El dictamen emitido ayer, dispone que la sesión se desarrolle sin público en el recinto, garantizando la participación y el acceso de la ciudadanía mediante su transmisión en vivo a través del canal oficial del Concejo Deliberante en YouTube.
Después de la presentación de Saloniti, en la que ejerce su derecho a la defensa, los concejales deberían definir si dan curso al pedido de juicio político que presentó el 3 de agosto pasado, una vecina identificada como Valeria López Oronoz, con el patrocinio del abogado Enrique Bartolomé.
Según contaron fuentes locales a La Tecla Patagonia, como es la primera vez que se realiza en el Concejo una sesión de estas características, los concejales “no saben bien cómo proceder”.
López Oronoz solicitó estar presente en la sesión especial de este jueves. Sin embargo, el dictamen firmado ayer por los concejales es claro: “Con carácter excepcional y exclusivamente para esta sesión, la presencia física en el recinto quedará limitada al intendente municipal, los secretarios municipales que lo acompañen, y los titulares de la Defensoría del Pueblo, Fernando Bravo; de la Contraloría Municipal, Jorge Fernández; y del Juzgado Administrativo de Faltas, Carlos Sánchez Galarce, además del personal del Concejo Deliberante que deba desempeñar funciones durante la sesión”, indicaron en un comunicado.
El contralor, municipal, Jorge Fernández, dijo a La Tecla Patagonia que no va a asistir a la sesión como forma de repudio a que la misma no sea abierta al público.
La denuncia
La denuncia de López Oronoz, amparada en el artículo 137 de la Carta Orgánica Municipal, apuntó contra el intendente por mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de los deberes a su cargo. Se basó en seis hechos que van desde la omisión de acciones para frenar la contaminación del lago Lácar, hasta la falta de controles a la empresa concesionaria del cerro Chapelco en trabajos de movimiento del suelo, pasando por críticas al Plan de Ordenamiento Territorial, hasta llegar a una deuda de más de 1.700 millones de pesos que el municipio contrajo con el EPEN.
Pero un día antes de que ingresara la denuncia formal al Concejo, Saloniti se anticipó y envió una nota al Concejo solicitando la sesión especial para aclarar la situación en torno a esa acusación, a la que aludió como “hechos de público conocimiento”. Por eso, en la sesión del jueves 6 de agosto, el Concejo votó por unanimidad dar curso al pedido de juicio político y también respondió al pedido de Saloniti fijando una sesión especial para el 3 de septiembre. De haber seguido los pasos que indica la carta orgánica, la presentación se debería haber realizado cinco días hábiles después de la votación en el Concejo, y no casi un mes después.
En el medio, López Oronoz denunció haber recibido amenazas y agresiones físicas por haber denunciado al intendente. La semana pasada hizo público que fue atacada brutalmente en la vía pública por un hombre encapuchado, en bicicleta, que antes de escapar, le exigió que se callara. López Oronoz, por el contrario, amplió la denuncia contra el intendente y sumó 11 legajos de la Contraloría Municipal y dos actuaciones de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente a la denuncia inicial, por otros hechos.