12 de agosto de 2026
NEUQUEN
Narcotests: los diputados provinciales deberán someterse a controles cada dos meses
Los controles serán obligatorios, aleatorios, sorpresivos y se realizarán dentro del edificio legislativo. La resolución que reglamenta su aplicación establece un mecanismo específico para la toma de muestras y la confirmación de eventuales resultados positivos
La Legislatura de Neuquén aprobó este miércoles el protocolo que permitirá comenzar a aplicar los controles toxicológicos a sus 35 integrantes, en cumplimiento de la ley provincial que establece los narcotests como requisito para permanecer en cargos públicos en los tres poderes del Estado.
La resolución 1248 fue aprobada por mayoría en la decimocuarta sesión ordinaria del año. La votación nominal terminó con 30 votos a favor y el rechazo de las bancadas del PTS-FIT-U y FIT-U. El mecanismo establece que los diputados y diputadas deberán someterse a controles de manera aleatoria, sorpresiva y obligatoria, con una frecuencia mínima de un examen cada dos meses.
Uno de los aspectos centrales del protocolo es que los estudios se realizarán dentro de la propia Legislatura y sin aviso previo a los legisladores seleccionados. La convocatoria deberá ser personal, inmediata y reservada, con el objetivo de garantizar el carácter sorpresivo del procedimiento.
La implementación estará coordinada por el área de Medicina Laboral de la Cámara, que tendrá a su cargo los aspectos técnicos del operativo con independencia de las autoridades políticas. Para la realización de los análisis se deberá trabajar con laboratorios o equipos habilitados por la autoridad sanitaria correspondiente.
El procedimiento incluye pautas específicas para preservar la privacidad de los legisladores y garantizar la cadena de custodia de las muestras. También se deberá dejar constancia de la documentación técnica de cada operativo y de cualquier incidencia que pudiera producirse durante el proceso.
Los controles estarán vinculados al funcionamiento de la actividad parlamentaria. Podrán realizarse durante las reuniones de comisiones y las sesiones de la Cámara, tanto ordinarias como preparatorias y extraordinarias. También estarán comprendidas las jornadas en las que funcione la Comisión Observadora Permanente.
En caso de que un test rápido arroje un resultado positivo, el protocolo establece que deberá realizarse un estudio confirmatorio en un laboratorio habilitado. De esta manera, un resultado inicial no será considerado por sí solo como una confirmación definitiva.
El costo de cada examen será afrontado por el legislador sometido al control.
Durante el debate, Claudio Domínguez, del MPN y miembro informante del proyecto, sostuvo que el protocolo se ajusta a las condiciones establecidas previamente por la ley 3531. Según explicó, la normativa exige controles rápidos, obligatorios, sorpresivos y realizados en el lugar de trabajo, características que fueron incorporadas al mecanismo aprobado este miércoles.
El legislador también señaló que los controles deberán aplicarse tanto durante el período ordinario como durante el extraordinario, siempre que exista actividad parlamentaria.
Desde Unión por la Patria, Darío Martínez defendió la medida como una herramienta destinada a evitar que un legislador ejerza sus funciones bajo los efectos de sustancias. Al mismo tiempo, marcó los límites de la iniciativa y aclaró que los controles no constituyen una política destinada a resolver el problema del narcomenudeo en la provincia.
Brenda Buchiniz, de Cumplir, también respaldó la resolución y destacó el carácter aleatorio y sorpresivo del sistema. La diputada comparó el esquema aprobado por la Legislatura con el mecanismo establecido para funcionarios del Poder Ejecutivo y sostuvo que el régimen parlamentario resulta más exigente.
Según explicó, mientras los funcionarios del Ejecutivo tendrán controles con una frecuencia limitada durante su gestión, los diputados neuquinos podrían llegar a realizar hasta 24 controles a lo largo de un mandato de cuatro años, considerando la periodicidad mínima prevista.
César Gass, de JxC-UCR, acompañó la iniciativa y la vinculó con una política de mayor transparencia en el funcionamiento del Estado. Durante su intervención también reclamó avanzar con otras herramientas destinadas a transparentar la actividad pública, entre ellas las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios.
La resolución, sin embargo, tuvo el rechazo de las bancadas de izquierda. Julieta Ocampo, del FIT, cuestionó la viabilidad del mecanismo y puso en duda que exista una intención concreta de sostenerlo en el tiempo. También planteó que un eventual consumo problemático no determina por sí mismo la capacidad de una persona para ejercer una función pública y cuestionó que el esquema no esté orientado al abordaje de quienes atraviesan situaciones de consumo.
César Parra, del PTS-FIT-U, planteó una crítica política más amplia y cuestionó la forma en que el oficialismo provincial presenta la lucha contra el narcotráfico. En su intervención vinculó la discusión de los controles toxicológicos con decisiones adoptadas por representantes nacionales respecto de medidas de blanqueo de capitales.
El punto central será ahora su puesta en práctica: los controles deberán efectuarse sin anticipación, dentro de las instalaciones legislativas y bajo mecanismos que permitan preservar tanto la confidencialidad de los resultados como la validez de las muestras.