Cantín y Grasso al borde de indagatoria por desvío de fondos

En el marco de una causa que investiga el destino de unos $ 600 millones girados a los municipios; una auditoría detectó casos de recursos transferidos para obras que nunca se hicieron. El juzgado de Claudio Bonadio investiga la presunta malversación de fondos correspondientes a transferencias a municipios por el programa Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). Al respecto, el próximo paso en el expediente es convocar a unos 90 ex intendentes (y actuales) para conocer cuál fue el destino del dinero.

En ese sentido, la investigación apunta al rol que jugaron los jefes comunales en dichas transacciones. Según pudo saber LA NACION de una fuente judicial al tanto de la causa, las citaciones a los intendentes tendrán por objetivo “saber dónde está la plata que no está en las tareas proyectadas” en el plan de residuos. Las convocatorias a los mandatarios comenzarían a llegar antes de fin de año.

Cabe recordar que la causa comenzó con una denuncia el año pasado del director general de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Ambiente, Martín Bolado, tras una auditoría que encararon en el ministerio sobre los fondos del programa Girsu. Según consta en un resumen de la causa, se concluyó que, entre 2013 y 2015, el programa “funcionó con serias deficiencias de control interno, que posibilitaron una arbitraria y desigual distribución de fondos”.

En tanto, la denuncia se circunscribía a los municipios de Quilmes y Río Gallegos y a 29 distritos de la provincia de Chaco, pero la fiscalía recomendó el análisis de todas las transferencias a los distritos beneficiados por este programa y pidió un “relevamiento del resto de los 194 expedientes”. El análisis alcanzó 120 municipios y alrededor del 75% (unos 90 distritos) tuvieron irregularidades, como la aprobación de proyectos sólo a partir de trámites administrativos; la falta de control interno en la ejecución de planes, y las solicitudes de comunas que no reunían los requisitos, pero igualmente recibieron giros de dinero.

Por su parte, Río Gallegos es un foco de irregularidades. En 2015 le giraron al municipio $ 25.176.903,60 y rindió gastos por $ 25.409.735, pero antes de que se aprobara la rendición, la intendencia solicitó $ 59.455.148 más. Asimismo, en octubre, la Secretaría de Ambiente le transfirió $ 34.278.245. En tanto, la fiscalía comprobó que en Río Gallegos “no se mejoró la situación del tratamiento de los residuos sólidos urbanos” y que los proyectos que se preveían eran inviables, pero la plata se transfirió igual. Ahora, los exintendentes Raúl Cantín y Pablo Grasso deberán dar explicaciones.