Un proyecto presentado por la diputada Roxana Reyes para la ampliación del Par-que Nacional Patagonia trajo la polémica a un fin de año legislativo que parecía cerrarse con calma en Santa Cruz. Lo que se estimaba como cosa juzgada, ya que la presentación había logrado el despacho de comisiones, firmado por ambos presidentes de bloque (Matías Mazú por el Frente para la Victoria y Daniel Gardonio por Unión Para Vivir Mejor), y llegaba a la Cámara para ser aprobado sin mayores miramientos, comenzó a tener fisuras.
Las cosas cambiaron gracias a las sospechas sobre las verdaderas intenciones y posibles destinos de las tierras que iban a ser parte del proyecto, así como también sus características particulares. La duda fue instalada por la Federación de Instituciones Agropecuarias Santacruceñas (FIAS) y la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), que emitieron un comunicado donde pusieron sus re-paros "por las consecuencias que podría acarrear a los estancieros lindantes a la reserva y por la falta de consenso con que se impulsa el plan".
Detrás del mentado parque se encuentra la ONG Fundación Flora y Fauna, conocida en la Provincia por su lucha contra la actividad megaminera cerca del sitio arqueológico Cueva de las Manos, en Perito Moreno. Di-cha organización compró el territorio cercano a la localidad con el fin último de ceder las tierras para la ampliación del Par-que Nacional Patagonia, siendo el intermediario entre un magnate británico y la Provincia, y así evitando la legislación que impide la compra de grandes extensiones de dominios por parte de extranjeros.
Desde el Gobierno, aseguraron que las diferencias y llamados de atención se debieron a errores de comunicación en torno a la difusión del proyecto, y orientaron la negociación con las instituciones que pusieron el grito en el cielo, prometiendo atender sus reclamos y modificar algunos puntos de la presentación, aunque no hicieron hincapié en los otros reclamos escuchados.
Sin embargo, el comunicado emitido por FIAS despertó esos otros fantasmas. En primer lugar, un posible negocio turístico inmobiliario internacional, que involucra a los inversores extranjeros detrás de la ONG que lleva a cabo la iniciativa. El dinero pertenece a Kristine McDavitt, viuda del magnate ambientalista Douglas Tompkins, quien adquirió extensiones similares de territorio en Chile y en Esteros del Iberá, en Corrientes. Tompkins fue apodado como “el dueño del agua” en la región, por la adquisición de millones de hectáreas cercanas a las principales fuentes de agua dulce del continente, un recurso que escasea y será de gran valor en un futuro próximo. En Santa Cruz, dicha ubicación no es la excepción, ya que las tierras adquiridas por la ONG se encuentran al pie del Lago Buenos Aires, y en parte de los afluentes del río San-ta Cruz.
Por otro lado, uno de los puntos en cuestión tiene que ver con la pérdida de jurisdicción que sufriría la Provincia, ya que se habla de poco más de 500 mil hectáreas, las que comprenderían la porción de territorios sobre las que se cede jurisdicción a Parques Nacionales, administrada por el Gobierno nacional, sobre un total de 2.860.900 que tiene el departamento Lago Buenos Aires. Esto le quitaría al Ejecutivo provincial poder sobre un vasto territorio, lo que re-activó el reclamo por reducir ese número de hectáreas y modificar el proyecto original.
Dicha cesión, encarada por la ahora diputada nacional, Roxana Reyes, delfín del senador Eduardo Costa y una de las referentes de Cambiemos en la Provincia, sería una promesa que el presidente Mauricio Macri le habría hecho a McDavitt, en memoria de su fallecido esposo, Douglas Tompkins.
Detrás, también se anida un duelo de matrices productivas. La jugada del Parque Nacional apunta a recuperar el dinero perdido en el desarrollo de la ganadería, e incluso multiplicarlo, mediante la conservación y la promoción turística de la región comprendida entre las localidades de Los Antiguos, Perito Moreno, Bajo Caracoles y Lago Posadas, a través de circuitos turísticos sobre las rutas 40, 41 y 43, y la futura conformación de un corredor binacional, conjuntamente con el similar emprendimiento chileno. De este modo, la intención es también taponar la posibilidad de expansión de la megaminería, reemplazándola por un negocio con mayor perdurabilidad y rendimiento.
Sin embargo, este punto también entra en cuestión, teniendo en cuenta los antecedentes de sitios conservados y explotados por Parques Nacionales en la Provincia (Monte León) que no fueron debidamente administrados, tratándose sólo de tierras sin rédito alguno. Movido cierre de año para la Legislatura, que deberá decidir si patea la pelota hacia delante o da vía libre al proyecto en lo inmediato.
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