El ministro de Salud de la provincia de Chubut, José Manuel Corchuelo Blasco, anunció que está trabajando en un proyecto de ley para que los paros, huelgas y las medidas de acción directa en los hospitales se realicen por fuera de los mismos centros sanitarios. Sin embargo, el mensaje fue leído como una “prohibición” a manifestarse -siendo éste un derecho que está consolidado y avalado por la propia Constitución de la Nación- y el debate entró en un terreno fangoso y hasta por momentos, estéril.
El pronunciamiento del líder de la cartera generó un efecto indeseado, contraponiendo y enfrentando dos normas válidas: dividió las aguas entre el “derecho a la vida” y el “derecho a la huelga”, cuando el espíritu del boceto que será entregado al gobernador Martín Buzzi el 23 de enero, contempla y asegura la convivencia entre ambos.
De todas formas, la delgada línea de no prohibir la paralización del servicio, pero sí suspender su ejecución en las inmediaciones de los centros de atención, abrió la puerta para que algunos sindicatos se opongan al bosquejo que elaboraron desde Salud.
En diálogo con La Tecla Patagonia, Corchuelo Blasco sintetizó que “sin lesionar el derecho a la huelga de ninguna manera, sino aclarando que se tiene que hacer de otra manera, los hospitales en toda la estructura de su funcionamiento y los centros de atención primaria (denominados periféricos y zonas sanitarias), no deberían ser objeto de medidas de acción directa de ninguna especie y la legislación tendría que actuar rápidamente. Esto es la base esencial del proyecto que le vamos a presentar al gobernador Buzzi, que me ha manifestado que el tema le interesa”.
¿Derechos contrapuestos?
Para evidenciar la postura sobre el derecho a la vida vs el derecho a la huelga, el Ministro de la cartera sanitaria dijo a este medio: “Yo tengo una lealtad suprema con los Derechos Humanos y el mayor derecho humano que conozco es la vida y la vida se condiciona con la pérdida de la salud”.
El diputado provincial de la UCR, José Luis Lizurume, ratificó a La Tecla Patagonia su perspectiva sobre la ley que busca aplicar el Ejecutivo de Buzzi: “No estoy para nada de acuerdo con una decisión que limite algo que es constitucional. No podría poner ningún derecho por encima a la vida, sin embargo el derecho a manifestarse que tienen los trabajadores es legítimo y no puede trastocarse”.
Desde una postura asimétrica, el secretario General del Sindicato de la Salud Provincial, Carlos Sepúlveda, sostuvo que con este proyecto se quiere cercenar el derecho a la huelga. Una visión similar tuvo la diputada provincial de Chubut Somos Todos, Raquel di Perna, quien alegó que con esto “lo único que está haciendo es agravar la situación”. Y agregó: “Lo que tiene que hacer el Ministro es solucionar los conflictos, sentarse a dialogar y no querer ganar una batalla”.
Por su parte, el secretario General de ATE, Edgardo Homparena, expresó: “Todos entendemos que la salud es esencial, pero el problema no es la huelga, sino el porqué se llegó a eso y es ahí donde el Ministro tiene que buscar las respuestas”.
Lo cierto es que la batalla dialéctica se encuadró en una rivalidad innecesaria entre el derecho a la vida y el derecho a la huelga. El tema no hizo más que demostrar la pelea inconclusa entre cirujanos, anestesistas, gremios y el ministerio de Salud de la provincia de Chubut. “Hay que sacar la guerra a la salud del tablero gremial, político y de la oposición”, se despachó Corchuelo Blasco.
Los cirujanos a la Justicia
Más de doce meses pasaron sin que los cirujanos y el ministerio de Salud puedan acercar posiciones sobre el conflicto que complejiza a todo el sistema sanitario público en la provincia de Chubut. Los especialistas quirúrgicos estuvieron más de un año con retención de actividades mientras percibían sus haberes normalmente y esta situación dinamitó a las autoridades de la cartera.
“Los paros, las huelgas, la grosería de los cirujanos de no atender por un año en consultorios, lesiona la máxima concepción de la dignidad humana. Estos esquemas habría que hacerlos por fuera del hospital, hay mil formas para ganar y reconquistar nuevos derechos”, esgrimió el ministro de Salud. Luego de eso, Corchuelo Blasco llamó al diálogo aunque los cirujanos y el gremio tenían una postura inamovible. “Ese acuerdo fue anómalo, anticonstitucional, espurio e ilegal. Fue hecho en forma dominante, no encontré otra postura del otro lado”, formuló el encargado de Salud.
Con las relaciones en un estado irreconciliable y la Salud pública otorgando ventajas, el ministerio de Salud comenzó a recaudar información sobre los horarios que cumplían los cirujanos, la atención en las guardias y una revisión minuciosa sobre la prestación del servicio. Cuando comprobaron las deficiencias, llevaron el caso a la Justicia. Actualmente se encuentra en la Fiscalía de Estado a cargo de Miguel Montoya, quien será el que determine los mecanismos para resolver el tema y además, dictaminará si hubo responsabilidades y negligencia.
Desde la otra vereda, el secretario General de ATE, Edgardo Homparena, dijo que “el tema de los cirujanos ha sido tomado por el Fiscal de Estado (Miguel Montoya) a pedido del Ministro y la idea es evaluar el acuerdo. Es verdad que las condiciones en las que se firmó el acuerdo en su momento también fueron firmadas por el propio gobierno. Habría que ver si el Estado está en condiciones de deshacer ese acuerdo. Nosotros no tenemos problemas con que se hagan acuerdos con los cirujanos para contraprestar su función, lo que decimos es que se haga en el marco del convenio colectivo de trabajo y no por fuera de éste, sino estarían violando y desconociendo el convenio”, explicó Homparena.
Desde ATE esperan que Montoya falle a favor de los trabajadores y creen que el letrado tiene la espalda suficiente para tomar una decisión semejante.
Otro tema abierto para el gobierno de Martín Buzzi es la dieta de los anestesistas, aunque el grado de conflictividad es menor ya que no tienen representación gremial. Las remuneraciones rondan los 80.000 pesos y quieren una actualización de 30.000 pesos de un plus que cobran.
El proyecto de ley que impulsa el ministro de Salud despertó odios y pasiones en todos los ámbitos. Para el gobernador, Martín Buzzi, el proyecto defiende a los más necesitados. Para los diputados opositores es una aberración intervenir sobre un derecho constitucional. Desde el Ejecutivo tiene los avales, por lo que después de enero, desembarcará en la Legislatura y promete levantar temperatura en un año por demás caliente.
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